Un contribuyente fue multado por la DGII con $448.20 por no emitir documentos fiscales. El contribuyente apeló la decisión ante el TAIIA, pero presentó el recurso dos días después de vencido el plazo legal de quince días hábiles. El Tribunal declaró inadmisible el recurso por extemporáneo, basándose en el carácter perentorio de los plazos procesales.

Lección: Es fundamental cumplir estrictamente con los plazos legales para interponer recursos. El plazo de 15 días hábiles para apelar ante el TAIIA es fatal, y su incumplimiento, incluso por un breve lapso, resulta en la pérdida del derecho a la revisión del caso y la firmeza del acto de la administración tributaria.

Se confirma una multa de $46,350.77 impuesta a una empresa por no proporcionar de manera completa y en el formato requerido la información sobre sus operaciones con un tercero, solicitada por la DGII. El Tribunal de Apelaciones desestimó los argumentos del contribuyente sobre la ilegalidad de los requerimientos y la falta de culpabilidad, reafirmando la obligación legal de colaborar con la Administración Tributaria y la validez de sus facultades discrecionales para fijar plazos.

Lección: Los requerimientos de información de la Administración Tributaria deben ser atendidos de forma completa, oportuna y en el formato solicitado. Si es materialmente imposible cumplir en el plazo otorgado, es crucial comunicar proactivamente la situación a la autoridad, justificar la imposibilidad y solicitar formalmente una prórroga, en lugar de simplemente incumplir, ya que la carga de trabajo o la complejidad de la solicitud no se consideran automáticamente una excusa válida para evitar la sanción.

El Tribunal confirma una multa impuesta a un contribuyente por llevar sus registros de control de inventarios sin cumplir los requisitos de los artículos 142 y 142-A del Código Tributario. El contribuyente falló en sus argumentos sobre la vigencia de la norma y los plazos de adecuación, principalmente porque no pudo probar su fecha de clasificación como 'Gran Contribuyente', un hecho clave que él mismo alegó a su favor.

Lección: Es fundamental mantenerse actualizado sobre las reformas a las leyes tributarias y los plazos para su cumplimiento. Al presentar una defensa ante la administración tributaria o el tribunal, cualquier afirmación que beneficie al contribuyente debe ser respaldada con pruebas documentales contundentes, ya que la carga de la prueba recae sobre quien alega el hecho.

El Tribunal confirma una multa impuesta a una sociedad por no proporcionar de manera completa la información requerida por la DGII sobre sus operaciones con un tercero. El contribuyente argumentó que el plazo de tres días era irrazonable y la solicitud excesiva, pero el Tribunal determinó que la facultad de la DGII para fijar plazos es discrecional y no arbitraria, y que el contribuyente debió justificar su imposibilidad de cumplir en lugar de omitir la entrega de la información.

Lección: Ante un requerimiento de información de la Administración Tributaria, es crucial responder siempre. Si no es posible cumplir con la totalidad de lo solicitado en el plazo otorgado, se debe presentar una respuesta formal explicando los motivos de la imposibilidad material y, de ser necesario, solicitar una prórroga. Ignorar el requerimiento o entregar información incompleta sin justificación conduce a la configuración de la infracción y la imposición de sanciones.

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) sancionó a un contribuyente con una multa de $2,016.90 por no llevar registros de control de inventarios. El Tribunal de Apelaciones revocó la sanción, no porque la infracción no existiera, sino porque la DGII cometió un error de procedimiento al calcular la multa utilizando el balance general del año anterior (2010) en lugar del correspondiente al ejercicio fiscalizado (2011), como lo exige la ley para este tipo de incumplimiento.

Lección: La sanción por omitir el registro de control de inventarios, al ser una obligación de carácter permanente durante todo el ejercicio, debe calcularse sobre el patrimonio del balance general del ejercicio fiscalizado. Utilizar el balance del año anterior es un vicio de procedimiento que anula la sanción, aunque la infracción material se haya cometido.