La Dirección General de Aduanas ajustó el valor en aduana de importaciones de alcohol etílico al detectar que el contribuyente pagó al proveedor y al transportista montos superiores a los declarados. El contribuyente alegó que el pago extra al proveedor era un anticipo y los pagos al transportista eran por mantenimiento, pero no pudo probarlo. El Tribunal confirmó la determinación de impuestos (DAI e IVA) y la multa por declaración inexacta, al considerar que los montos no declarados formaban parte del 'precio realmente pagado' y del flete.

Lección: Es crucial que el valor en aduana declarado refleje con exactitud todos los pagos realizados al proveedor y todos los costos incurridos para la importación, como el flete. Cualquier discrepancia entre las declaraciones de mercancías y los registros contables o transferencias bancarias puede ser detectada en una fiscalización y resultar en ajustes, impuestos y multas. La documentación de soporte, como contratos, debe ser clara, vigente y consistente con los hechos para poder justificar cualquier operación ante la autoridad aduanera.

El Tribunal confirma la resolución de la DGII que determinó un impuesto a pagar a una empresa de transporte por el ejercicio 2007. Los ajustes se debieron a la omisión de ingresos por un subsidio gubernamental (declarado en un año incorrecto), y la objeción de deducciones por salarios, gastos de alimentación e indemnizaciones, debido al incumplimiento de la obligación de retener el impuesto sobre la renta y a la falta de sustancia en el caso de las indemnizaciones.

Lección: Para asegurar la deducibilidad de los gastos, es crucial no solo que sean necesarios para la actividad económica, sino también cumplir con todas las obligaciones formales asociadas, como la correcta y oportuna retención y entero de impuestos. Además, los ingresos deben registrarse en el período fiscal en que se devengan, y las transacciones deben tener sustancia económica real, como una terminación laboral efectiva para que una indemnización sea deducible.

El Tribunal confirma la resolución de la DGII que determina un impuesto sobre la renta complementario y una multa por evasión intencional a una empresa constructora. La decisión se basa en la comprobación de ingresos no declarados por servicios efectivamente prestados y el rechazo de diversas deducciones de costos y gastos por incumplir requisitos legales, como la falta de retenciones en salarios, la falta de propiedad en activos depreciados y la carencia de documentación de soporte idónea.

Lección: Es fundamental que toda deducción de costos y gastos esté rigurosamente documentada y cumpla con todos los requisitos legales específicos. Para deducir salarios, es indispensable realizar y enterar las retenciones de ley (ISR, ISSS, AFP). Asimismo, la depreciación solo es aplicable a bienes propiedad del contribuyente, y cualquier anulación de documentos de venta debe corresponder a una anulación real de la operación, no a una simple maniobra para omitir ingresos.

La DGII determinó un impuesto sobre la renta a pagar al contribuyente por el ejercicio 2007, tras rechazar la deducción de gastos de mercadeo, asesoría legal y una porción del crédito fiscal IVA. La administración argumentó que el contribuyente no logró probar la existencia efectiva ni la necesidad de dichos gastos para generar renta. El Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión de la DGII, subrayando que la carga de la prueba recae en el contribuyente y que los documentos formales, sin evidencia material de la operación, son insuficientes.

Lección: Para asegurar la deducibilidad de los gastos, es crucial mantener una documentación de soporte robusta que no solo cumpla con los requisitos formales (contratos, facturas), sino que también demuestre de manera fehaciente la realización material del servicio (entregables, informes, resultados) y su necesidad directa para la generación de ingresos o la conservación de la fuente de renta. La falta de esta prueba material invalida la deducción, independientemente de la validez formal de los documentos.

El Tribunal confirma la resolución de la DGII que determinó un impuesto sobre la renta y una multa a una empresa de telecomunicaciones. La controversia se centró en la objeción de costos por servicios de interconexión de llamadas internacionales pagados a proveedores no domiciliados, sobre los cuales la empresa no realizó la retención del 20%. El Tribunal sostuvo que dichos servicios se consideran 'utilizados' en El Salvador, ya que el beneficio económico se concreta en el país, haciendo obligatoria la retención para que el costo fuera deducible.

Lección: Los pagos a proveedores no domiciliados por servicios, incluso si se prestan técnicamente desde el exterior, están sujetos a una retención del 20% de Impuesto sobre la Renta si el servicio se 'utiliza' o 'aprovecha económicamente' en El Salvador. No cumplir con esta obligación de retención y entero al Fisco no solo genera la obligación de pagar el impuesto omitido, sino que también convierte el costo o gasto asociado en no deducible, aumentando significativamente la carga fiscal.