La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) determinó un impuesto de IVA y una multa al contribuyente, objetando la deducción de créditos fiscales por servicios importados de partes relacionadas, argumentando que no se probó su existencia efectiva ni su indispensabilidad. El Tribunal de Apelaciones (TAIIA) revocó la resolución de la DGII, al concluir que esta utilizó una dualidad de criterios contradictorios, vulnerando la seguridad jurídica del contribuyente, y además, no valoró de forma integral la prueba presentada.

Lección: La Administración Tributaria debe ser clara, precisa y coherente en sus argumentos al objetar deducciones. Fundamentar un rechazo simultáneamente en la 'falta de existencia' y la 'falta de indispensabilidad' de una operación constituye una dualidad de criterio que viola la seguridad jurídica y puede llevar a la anulación del ajuste fiscal.

El Tribunal confirma la resolución de la DGII que determinó un impuesto sobre la renta a pagar de $941,188.97 y multas asociadas. La controversia se centró en la objeción de gastos por $3,137,296.58 en concepto de incentivos, los cuales el contribuyente no pudo documentar adecuadamente durante la fiscalización, al basar su deducción en provisiones sin aportar una conciliación clara con el gasto real. El Tribunal rechazó las pruebas presentadas en apelación por ser extemporáneas y por no tener facultades para realizar una nueva fiscalización.

Lección: Es fundamental mantener y presentar a la Administración Tributaria, durante la etapa de fiscalización, toda la documentación de soporte idónea y completa que demuestre la realidad y necesidad de los gastos deducidos. No basta con tener la información; debe ser organizada, conciliada y entregada oportunamente, ya que el Tribunal de Apelaciones no realizará una nueva auditoría con pruebas que no se presentaron a tiempo.

La DGII determinó un impuesto sobre la renta de $953,567.36 más una multa, al rechazar ajustes de ventas y gastos de una empresa farmacéutica por defectos formales en la documentación (uso de 'notas de abono' y 'notas de crédito' sin referencia). El Tribunal de Apelaciones revocó la totalidad de la resolución, no por validar los errores del contribuyente, sino porque la DGII violó el derecho de defensa al ignorar la solicitud de verificar la realidad material de las operaciones, viciando de ilegalidad todo el procedimiento.

Lección: Aunque es fundamental cumplir con todas las formalidades documentales exigidas por la ley (usar Notas de Crédito correctas, no documentos internos), el contribuyente puede lograr la anulación de un ajuste si la Administración Tributaria comete violaciones procesales graves. Es crucial solicitar activamente la verificación de la 'verdad material' de las operaciones y dejar constancia por escrito de la solicitud y de la eventual falta de respuesta de la autoridad, ya que esto puede constituir una violación al derecho de defensa.

El Tribunal de Apelaciones confirma la resolución de la DGII que reclasificó los servicios de seguridad prestados por el contribuyente a empresas en Zonas Francas. El contribuyente los declaró como exportaciones (tasa 0% IVA), pero la autoridad determinó que son servicios locales gravados al 13%, ya que no son necesarios ni se incorporan a la actividad productiva incentivada. En consecuencia, se confirmó el impuesto a pagar de $103,527.93 y las multas por evasión no intencional y presentación tardía de informes.

Lección: Los servicios prestados a empresas bajo regímenes especiales (Zonas Francas, Servicios Internacionales) solo califican como exportación con tasa 0% de IVA si son indispensables y se integran directamente en el proceso productivo del bien o servicio a exportar. Servicios generales de soporte, como la seguridad, se consideran consumidos localmente y están sujetos a la tasa general del 13% de IVA.

El contribuyente apela la decisión de la Dirección General de Aduanas (DGA) que declaró inadmisible por extemporáneo su recurso de revisión. El contribuyente alegaba que la notificación del acto original no fue legal, pero el Tribunal confirma que la notificación por correo electrónico fue válida y que el recurso se presentó fuera del plazo de 10 días. Por lo tanto, el Tribunal confirma la inadmisibilidad y no entra a conocer el fondo del asunto, que era la denegatoria de una prórroga de un régimen aduanero.

Lección: Es crucial respetar los plazos legales para interponer recursos, los cuales son perentorios. Las notificaciones realizadas por correo electrónico a la dirección proporcionada por el contribuyente son legalmente válidas y el plazo para recurrir comienza a contar a partir de que se consideran efectuadas, usualmente 24 horas después del envío.