El Tribunal de Apelaciones revoca una resolución de la DGII que determinaba un impuesto sobre la renta y una multa a una empresa azucarera. La DGII había rechazado la deducción de costos y gastos por operaciones con sujetos excluidos, argumentando que los documentos de respaldo fueron elaborados por la propia empresa y no por los proveedores. El Tribunal dictaminó que esta práctica no es ilegal ni perjudica el interés fiscal, siempre que el documento sea firmado por el sujeto excluido y cumpla los requisitos, priorizando la verdad material sobre el formalismo.

Lección: Para deducir costos y gastos de operaciones con sujetos excluidos que no pueden o no quieren emitir el documento de soporte requerido, el contribuyente puede elaborar dicho documento (recibo, factura, etc.), siempre que este contenga toda la información exigida por el Art. 119 del Código Tributario y sea debidamente firmado por el sujeto excluido. Esta práctica es válida para el Tribunal, ya que garantiza el respaldo documental de la operación y el control fiscal.

Una empresa operando como tienda libre en el aeropuerto fue multada con $47,628.81 por emitir 1,389 facturas sin la información completa del viajero. El Tribunal modificó la sanción, revocando $7,749.54 por caducidad de la facultad fiscalizadora de la Aduana sobre una parte de las infracciones, pero confirmó la multa restante de $39,879.27, estableciendo que la exención de impuestos de los productos no exime del cumplimiento de deberes formales.

Lección: Las empresas que operan bajo regímenes especiales, como las tiendas libres, deben cumplir rigurosamente con todas las obligaciones formales, como los requisitos de facturación, incluso si los bienes que comercializan están exentos de impuestos. Además, es fundamental vigilar el plazo de caducidad de cuatro años que tiene la autoridad aduanera para fiscalizar, ya que su vencimiento extingue la potestad para imponer sanciones.

El Tribunal confirma las multas impuestas por la DGII a un contribuyente por la presentación extemporánea de once informes F-930 (uno por cada mes de enero a noviembre de 2018) y por la presentación tardía e incompleta del informe F-915 del mismo año. El Tribunal desestima los argumentos del contribuyente sobre la ilegalidad del procedimiento y la desproporcionalidad de las sanciones, estableciendo que cada incumplimiento de una obligación formal constituye una infracción separada y sancionable, independientemente de la falta de perjuicio fiscal.

Lección: El cumplimiento de las obligaciones tributarias formales, como la presentación de informes (F-930, F-915), es mandatorio y debe realizarse en el plazo y forma que la ley establece. Cada período de incumplimiento se considera una infracción distinta y puede ser sancionado individualmente. Las dificultades administrativas internas o las limitaciones de los sistemas informáticos no son excusas válidas para el incumplimiento.

Un contribuyente apeló ante el TAIIA la resolución de la DGII que denegó su solicitud para compensar un excedente de Impuesto sobre la Renta por $18,648.09. El Tribunal declaró el recurso improponible, determinando que carece de competencia legal para revisar denegatorias de compensación, ya que su jurisdicción se limita exclusivamente a apelaciones contra liquidaciones de oficio de impuestos e imposición de sanciones.

Lección: Antes de apelar una resolución administrativa ante el TAIIA, es crucial confirmar que el acto impugnado se encuentre dentro de las competencias específicas del Tribunal, que son las liquidaciones de oficio de tributos y la imposición de sanciones. Intentar apelar otros tipos de actos, como la denegatoria de una solicitud de compensación, resultará en la inadmisibilidad del recurso por falta de competencia.

El Tribunal de Apelaciones modifica una resolución de la DGII, confirmando la mayoría de los ajustes contra un contribuyente por IVA. Se ratificó el rechazo de ajustes a débitos fiscales por descuentos no sustentados, la improcedencia de créditos fiscales por gastos no indispensables (como dietas) y la omisión de retener IVA a proveedores no domiciliados. Sin embargo, el Tribunal revocó una parte de la objeción, aceptando el crédito fiscal por servicios de renta de vehículos al considerar que su prestación efectiva fue debidamente demostrada por el proveedor.

Lección: Para asegurar la deducibilidad de créditos fiscales y la validez de ajustes, es crucial mantener una documentación exhaustiva que demuestre no solo la formalidad de la transacción (factura, contrato), sino también su sustancia: la indispensabilidad del gasto para el negocio y la efectiva materialización del bien o servicio. La falta de pruebas concretas, como políticas de descuento detalladas o informes de servicios, transfiere el costo del IVA al contribuyente y puede acarrear sanciones.