El Tribunal confirma la resolución de la DGII que objeta gastos de operación por $285,363.42 a un contribuyente. La objeción se debe a que los gastos estaban respaldados por Comprobantes de Crédito Fiscal de proveedores no inscritos o con correlativos no autorizados, y a la falta de un registro detallado para la deducción de depreciaciones. Consecuentemente, se confirma la determinación de impuesto sobre la renta por $85,609.03 y las multas por evasión no intencional y por no presentar información.

Lección: Es fundamental que los contribuyentes verifiquen activamente la situación fiscal de sus proveedores, incluyendo su inscripción como contribuyentes de IVA y la autorización de los correlativos de los documentos que emiten. Además, se debe mantener registros contables y de soporte detallados y conformes a la ley, como el registro de depreciación, ya que la carga de la prueba para justificar las deducciones recae enteramente en el contribuyente.

El contribuyente apeló una liquidación de Impuesto sobre la Renta en la que la DGII determinó rentas no declaradas, objetó la totalidad del costo de ventas y diversos gastos de operación, e impuso multas por evasión y omisión de un informe. El Tribunal modificó la resolución, revocando la objeción al costo de ventas por considerarla ilegal, pero confirmó las rentas omitidas, los demás gastos objetados y las multas correspondientes, aunque ajustando la de evasión al nuevo impuesto determinado.

Lección: El incumplimiento de una obligación formal, como no llevar un registro de inventarios, no autoriza a la Administración Tributaria a imponer una sanción no prevista en la ley, como el rechazo total del costo de ventas. Sin embargo, para que cualquier costo o gasto sea deducible, es crucial cumplir rigurosamente con todos los requisitos sustantivos y documentales que la ley exige, incluyendo la realización y entero de las retenciones aplicables.

El contribuyente importó premezclas vitamínicas con minerales, clasificándolas incorrectamente en una partida arancelaria con 0% de impuestos. La Dirección General de Aduanas (DGA) corrigió la clasificación a una partida con 15% de impuestos, determinando un pago omitido de DAI e IVA y una multa del 300%. El Tribunal de Apelaciones (TAIIA) confirmó la clasificación y el impuesto adeudado, pero modificó la multa al 100% aplicando una reforma legal más favorable al contribuyente.

Lección: Es fundamental realizar un análisis exhaustivo de la composición de un producto según su ficha técnica antes de importarlo. La presencia de ingredientes adicionales, incluso en pequeñas cantidades, puede cambiar drásticamente la clasificación arancelaria y la carga tributaria, pasando de una exención a una tasa impositiva significativa. Confiar únicamente en el uso principal del producto (vitaminas) sin considerar todos sus componentes es un error costoso.

El Tribunal confirma una multa impuesta por la Dirección General de Aduanas a un contribuyente que no reexportó un vehículo dentro del plazo de 60 días concedido por un permiso de importación temporal (ARIVU). El Tribunal determina que la infracción está correctamente tipificada y que el escrito presentado por el contribuyente no constituyó un recurso de revisión válido por carecer de los requisitos formales, lo que ocasionó que la sanción original quedara firme.

Lección: Es fundamental cumplir estrictamente con los plazos de los regímenes aduaneros temporales. Además, al impugnar un acto administrativo, es crucial que el escrito cumpla con todos los requisitos formales de un recurso, expresando claramente la inconformidad y los fundamentos legales, ya que una comunicación ambigua o una simple solicitud de clemencia no detendrá la firmeza del acto.

La Dirección General de Aduanas reclasificó luminarias LED importadas, determinando impuestos omitidos y una multa del 300%. El contribuyente apeló, argumentando que su clasificación era correcta y que la DGA no fundamentó su decisión. El Tribunal de Apelaciones revoca la resolución de la DGA, concluyendo que la autoridad aduanera no probó que las mercancías cumplieran con todas las características técnicas requeridas por los incisos arancelarios que pretendía aplicar, resultando en un acto ilegal por falta de motivación y prueba.

Lección: La autoridad aduanera tiene la carga de la prueba para justificar una reclasificación. No basta con proponer una nueva partida arancelaria; debe demostrar fehacientemente, con base en pruebas técnicas, que la mercancía cumple con todos los presupuestos descritos en el texto del inciso que se pretende aplicar. Una motivación deficiente o la falta de prueba de los elementos técnicos esenciales puede llevar a la anulación del acto administrativo.