El Tribunal confirma la resolución de la DGII que determinó Impuesto sobre la Renta y una multa por evasión intencional a un contribuyente dedicado al transporte público. Los hallazgos principales fueron la omisión de ingresos por ganancia de capital en la venta de vehículos y por dietas recibidas, así como la objeción de numerosos gastos por no cumplir con los requisitos de deducibilidad, todo ello derivado de la falta de contabilidad formal a la que estaba obligado por su calidad de comerciante.

Lección: Los contribuyentes que realizan una actividad comercial, como el transporte público, son considerados comerciantes y deben cumplir con todas las obligaciones formales, incluyendo llevar contabilidad legalizada si sus activos superan el umbral de ley. Creerse parte del 'sector informal' no exime de estas responsabilidades, y su incumplimiento impide la correcta deducción de gastos y puede derivar en la determinación de impuestos y multas por evasión.

El Tribunal de Apelaciones confirma la resolución de la DGII que objetó a un contribuyente deducciones del Impuesto sobre la Renta por tres conceptos: pérdidas en ventas a sujetos relacionados, amortización de marcas, y gastos financieros de un préstamo cuyos fondos no se invirtieron en la fuente generadora de renta. El Tribunal ratificó que las pérdidas con relacionados son no deducibles por operación, la amortización de marcas está prohibida por ley, y no se probó el nexo causal del gasto financiero con la generación de ingresos.

Lección: Para asegurar la deducibilidad de costos y gastos, es crucial cumplir estrictamente con los requisitos legales: no se pueden deducir pérdidas en operaciones con relacionados (incluso si el resultado global es positivo), la amortización de marcas está prohibida, y se debe documentar fehacientemente que los fondos de préstamos se invierten directamente en la generación de renta gravable, ya que la carga de la prueba recae siempre en el contribuyente.

El Tribunal de Apelaciones confirma la resolución de la DGII que determinó un impuesto sobre la renta a pagar y una multa por evasión no intencional a un contribuyente. La controversia se originó por el rechazo de múltiples deducciones de costos y gastos, incluyendo blindaje de vehículos, servicios de terracería, honorarios por uso de helicóptero, viajes, representación, fletes, propaganda e intereses, debido a que el contribuyente no logró demostrar con documentación fehaciente su necesidad y vinculación directa con la generación de renta gravada.

Lección: Para asegurar la deducibilidad de costos y gastos, es crucial mantener una documentación de soporte exhaustiva y específica (contratos, facturas, bitácoras detalladas, informes de gestión, etc.) que pruebe inequívocamente no solo la realización de la erogación, sino también su estricta necesidad y relación causal con la actividad generadora de ingresos. La carga de la prueba recae siempre en el contribuyente, y la simple existencia de un registro contable o un contrato es insuficiente ante una fiscalización.

El Tribunal confirma la resolución de la DGII que determinó un impuesto a pagar y una multa a una compañía de seguros. Los principales puntos confirmados fueron la omisión de ingresos por liberación de reservas técnicas, la objeción de gastos por primas de reaseguro a no domiciliados por no retener sobre el monto bruto, y la objeción de gastos de seguros para ejecutivos por no ser una prestación generalizada. El Tribunal desestimó todos los argumentos del contribuyente, incluyendo la aplicación de la costumbre mercantil y la supuesta falta de asistencia de la DGII.

Lección: Para deducir gastos por servicios de no domiciliados, la retención de impuesto debe calcularse sobre el monto bruto pagado o acreditado, según la ley tributaria, sin aplicar neteos o compensaciones pactadas en contratos privados. Además, para que los gastos en prestaciones para empleados sean deducibles, deben otorgarse de forma generalizada a todo el personal y no a un grupo selecto.

El Tribunal confirma la resolución de la DGII que objetó la deducción de gastos por servicios de asistencia técnica y ventas pagados a una empresa no domiciliada en México. La DGII y el Tribunal determinaron que, aunque los servicios se prestaron en el exterior, fueron 'utilizados' en El Salvador al beneficiar la actividad económica de la empresa local, por lo que esta debió retener el 20% de Impuesto sobre la Renta, siendo responsable solidaria del impuesto no retenido y de la multa correspondiente.

Lección: Al pagar por servicios a una entidad no domiciliada, es crucial analizar si dichos servicios, independientemente de dónde se ejecuten físicamente, generan un beneficio o aprovechamiento económico para la actividad de la empresa en El Salvador. Si es así, se consideran 'utilizados' en el país y se debe retener el 20% de Impuesto sobre la Renta para poder deducir el gasto y evitar multas.