Un contribuyente apeló una resolución de la Dirección General de Aduanas que le determinó impuestos de importación complementarios y una multa. Antes de que el Tribunal emitiera una sentencia, el contribuyente presentó un escrito para desistir del recurso. El Tribunal aceptó el desistimiento, dando por finalizado el caso y dejando firme la resolución aduanera original.

Lección: El desistimiento de un recurso de apelación es una decisión que pone fin al litigio en la instancia administrativa, pero conlleva la consecuencia de que la resolución impugnada adquiere firmeza. Esto significa que el contribuyente renuncia a la posibilidad de que el Tribunal revoque la decisión y queda obligado a cumplir con el pago de los impuestos y multas determinados por la administración.

La DGII determinó un impuesto a pagar y una multa a una empresa avícola por deducir gastos de servicios cuya materialidad no fue probada, especialmente de consultorías prestadas por empresas vinculadas. El Tribunal de Apelaciones modificó la resolución, aceptando la deducción de gastos por servicios de outsourcing de personal (digitalización y promotoría) al estar debidamente documentados con planillas y contratos, pero mantuvo el rechazo de los gastos de consultoría de partes relacionadas por falta de prueba del proceso de ejecución del servicio.

Lección: Para asegurar la deducibilidad de gastos por servicios, especialmente si son intangibles o provienen de partes relacionadas, es crucial documentar no solo el contrato y el pago, sino todo el proceso de ejecución del servicio. Se deben mantener registros detallados como planes de trabajo, bitácoras de actividades, identificación del personal involucrado y cualquier evidencia que demuestre cómo, cuándo y quién realizó el servicio, probando así su existencia real y efectiva más allá del producto final.

El Tribunal de Apelaciones revoca la suspensión de 90 días impuesta por la Dirección General de Aduanas a un agente aduanero. La DGA lo sancionó por declarar con inexactitudes y sin mandato, pero el Tribunal determinó que, al no existir un mandato previo entre el agente y el importador, la conducta del agente no se ajustaba a las infracciones descritas en la ley, vulnerando el principio de tipicidad.

Lección: Para que una sanción administrativa sea válida, la conducta del infractor debe encajar de manera precisa y estricta en la descripción legal de la infracción. La Administración no puede sancionar por analogía o presunción si falta un elemento esencial del tipo infractor, como en este caso, la existencia de un contrato de mandato.

Un contribuyente, a través de su apoderado, presentó un escrito para desistir de un recurso de apelación interpuesto contra una resolución de la Dirección General de Impuestos Internos. Dicha resolución había determinado un ajuste en el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA) y la correspondiente multa por evasión no intencional. El Tribunal de Apelaciones, basándose en el Código Procesal Civil y Mercantil, aceptó el desistimiento, dando por concluido el proceso y dejando firme la resolución de la DGII.

Lección: El desistimiento de un recurso de apelación es una facultad procesal del contribuyente que puede ejercerse en cualquier momento antes de la sentencia. Al hacerlo, se pone fin a la disputa en la instancia de apelación, lo que implica la aceptación tácita de la resolución impugnada, la cual adquiere firmeza y se vuelve ejecutable por la administración tributaria.

El Tribunal de Apelaciones confirma una resolución de la DGII contra una empresa de energía, validando objeciones a su declaración de renta de 2010. Las objeciones se centraron en la deducción improcedente de costos por pérdidas de energía, gastos por servicios del exterior cuya prestación no fue probada (falta de materialización), y gastos financieros de préstamos no vinculados a la generación de renta y con retención incorrecta. Se ratificó la determinación de impuesto por $7.8M, una multa por $1.9M y una disminución de saldo a favor por $2.5M.

Lección: Para asegurar la deducibilidad de costos y gastos, especialmente en operaciones con partes relacionadas no domiciliadas y servicios intangibles, es indispensable mantener documentación exhaustiva que no solo pruebe la transacción (contrato, factura, pago), sino que demuestre fehacientemente la ejecución real del servicio (materialización), su necesidad y su vínculo directo con la generación de renta gravable. La carga de la prueba recae enteramente en el contribuyente.