Un contribuyente fue multado por la DGII por emitir un tiquete de venta que no cumplía con todos los requisitos formales. El contribuyente apeló, y el Tribunal de Apelaciones revocó la multa al determinar que la DGII violó el derecho constitucional de audiencia y defensa del contribuyente al negarse a recibir un escrito de pruebas por un defecto formal menor, impidiéndole así ejercer su defensa de manera efectiva.

Lección: Los derechos constitucionales de audiencia y defensa prevalecen sobre los formalismos excesivos en los procedimientos administrativos. Si la autoridad tributaria se niega a recibir un escrito de defensa por un defecto formal subsanable, se debe documentar la negativa (por ejemplo, con un acta notarial) y alegar la violación de dichos derechos, ya que esto puede llevar a la anulación del acto administrativo impugnado.

Un contribuyente omitió presentar su declaración de renta, por lo que la DGII determinó de oficio el impuesto y rechazó gastos por compra de combustible, en parte por falta de registro en libros especiales y en parte por inexistencia de la operación confirmada por los proveedores. El Tribunal modificó la resolución, aceptando los gastos que solo carecían de registro especial pero confirmando el rechazo de aquellos sin sustento real, y ajustó el impuesto y las multas consecuentes.

Lección: La prueba más importante para la deducción de un gasto es demostrar la existencia real de la operación. La simple posesión de un documento, como un Comprobante de Crédito Fiscal, no es suficiente si el emisor niega la transacción. Aunque el incumplimiento de una obligación formal como no llevar registros especiales es sancionable, no invalida automáticamente la deducibilidad del gasto si este puede probarse por otros medios contables y documentales fidedignos.

El contribuyente interpuso un recurso de apelación contra una resolución de la Dirección General de Aduanas que le determinó el pago de Derechos Arancelarios a la Importación (DAI), IVA y una multa. El Tribunal de Apelaciones declaró inadmisible el recurso sin analizar el fondo del asunto, debido a que fue presentado un día después de haber vencido el plazo legal de quince días hábiles.

Lección: Es fundamental cumplir estrictamente con los plazos procesales para la interposición de recursos. El no hacerlo, incluso por un solo día, resulta en la pérdida total del derecho a que la instancia superior revise el caso, dejando firme la decisión de la administración tributaria.

Una sociedad fue sancionada por la DGII por no presentar declaraciones de IVA, no pagar el impuesto correspondiente, y no enterar retenciones de anticipo de IVA durante el año 2010. El Tribunal de Apelaciones confirma la determinación del impuesto y la mayoría de las multas, incluyendo la de evasión intencional, pero modifica la multa por no presentar declaración, estableciendo que su cálculo debe basarse en el 'impuesto a pagar' y no en el 'débito fiscal' total, lo que reduce su monto.

Lección: La omisión en la presentación de declaraciones de impuestos es una infracción grave que conlleva múltiples sanciones y activa una presunción de evasión intencional. Los problemas de liquidez no eximen de la obligación de enterar el IVA, ya que este es un dinero recaudado de los clientes que pertenece al Fisco. Es crucial diferenciar que la multa por no declarar se calcula sobre el impuesto neto a pagar, no sobre el total de ventas (débito fiscal).

El Tribunal de Apelaciones confirma la determinación de Impuesto sobre la Renta y multas impuestas por la DGII a un contribuyente que dedujo costos millonarios sin poder demostrar la existencia real de las compras. La decisión se fundamenta en que la DGII probó, mediante cruces de información, que varios supuestos proveedores negaron las transacciones, y el contribuyente no aportó pruebas alternativas suficientes como comprobantes de pago o controles de inventario.

Lección: Para asegurar la deducibilidad de los costos, no es suficiente contar con la factura y el registro contable. Es indispensable mantener un soporte documental robusto que demuestre la materialidad de las operaciones (pruebas de pago, contratos, registros de recepción, control de inventarios), ya que la Administración Tributaria tiene la facultad de verificar la realidad de las transacciones con terceros y la carga de la prueba recae sobre el contribuyente.