El Tribunal revoca la objeción de la DGII a créditos fiscales por más de $11 millones a una empresa de telecomunicaciones por servicios intercompañía. La DGII argumentó falta de prueba sobre la 'existencia efectiva' de las operaciones, pero el Tribunal consideró que el contribuyente sí aportó un conjunto de pruebas suficientes (contratos, pagos, inspecciones) y que las exigencias de la DGII eran excesivas y carentes de base legal. También se revoca una multa millonaria por falta de motivación y errores en la tipificación, aunque se mantiene el rechazo de una pequeña parte de los créditos que no cumplían requisitos formales.

Lección: Para defender la materialidad de las operaciones, especialmente entre partes relacionadas, es crucial construir un expediente probatorio robusto que vaya más allá de la factura y el contrato, incluyendo evidencia de la necesidad del servicio, su ejecución (correos, reportes, actas) y su pago. La prueba debe ser valorada en su conjunto, y la Administración Tributaria no puede imponer requisitos probatorios que no estén expresamente previstos en la ley.

La DGII determinó impuesto sobre la renta y una multa por evasión a un contribuyente por omitir ingresos y no documentar gastos. El contribuyente apeló alegando que sí presentó pruebas y que el procedimiento era ilegal por una delegación de competencia indebida. El Tribunal modificó la resolución, aceptando más gastos deducibles al verificar el pago de cotizaciones, pero confirmó la legalidad del procedimiento y la multa por evasión, aunque ajustando su monto.

Lección: Es crucial no solo registrar contablemente todos los gastos, sino también conservar y presentar oportunamente toda la documentación de respaldo durante una fiscalización, especialmente los comprobantes de diario y las pruebas del cumplimiento de obligaciones formales como el entero de retenciones y cotizaciones sociales, ya que de ello depende la deducibilidad de los gastos.

Un contribuyente importó mercancía mediante una declaración anticipada, pero un error de su proveedor resultó en un 'cruce de embarques'. La Aduana detectó discrepancias entre lo declarado y lo físico, determinando IVA omitido y multas. El Tribunal confirmó la sanción, estableciendo que la responsabilidad de la declaración es del importador y que actuó con negligencia al no utilizar el 'examen previo' para verificar la mercancía.

Lección: El importador es el único responsable de la exactitud de su declaración de mercancías. Ante cualquier duda o indicio de error en un envío, es fundamental utilizar la figura del 'examen previo' para inspeccionar físicamente la mercancía antes de declararla, ya que culpar a un proveedor extranjero no es una defensa válida y el error se considerará evitable.

El Tribunal confirma la resolución de la DGII que objeta la deducción de costos y gastos a una empresa. Los rechazos se deben a la omisión de retener el 5% de ISR a un proveedor no domiciliado por fletes internacionales, y a la falta de demostración de que diversos gastos de operación (honorarios legales por un juicio penal, asistencia técnica y gastos de tarjeta de crédito) fueran necesarios para generar renta o conservar la fuente.

Lección: Para asegurar la deducibilidad de un costo o gasto, es fundamental cumplir con todas las obligaciones formales y sustantivas asociadas, como las retenciones de impuestos. Además, el contribuyente debe ser capaz de probar, con documentación completa y pertinente, que cada erogación es indispensable y está directamente vinculada a la generación de ingresos gravables, ya que la simple existencia del gasto no garantiza su aceptación fiscal.

El Tribunal confirma una multa de $3,818.22 impuesta a un contribuyente por no presentar el Informe de Proveedores, Clientes, Acreedores y Deudores (F-987). El contribuyente apeló alegando vicios de procedimiento, como la falta de designación de auditores y la incompetencia de los funcionarios firmantes, pero el Tribunal desestimó todos los argumentos, validando el procedimiento de sanción aislada y la delegación de firma utilizada por la DGII.

Lección: El incumplimiento de deberes formales, como la presentación del informe F-987, conlleva sanciones cuyo procedimiento no requiere una fiscalización completa ni designación de auditores. La Administración Tributaria puede constatar la infracción a través de sus propios sistemas e iniciar un procedimiento sancionatorio simplificado, y los argumentos sobre la falta de competencia de funcionarios firmantes suelen ser desestimados si existe una delegación de firma válida, aunque esta no haya sido notificada al contribuyente.