El Tribunal revoca una resolución de la Dirección General de Aduanas que determinaba impuestos y multas por una supuesta incorrecta clasificación arancelaria de maltodextrina. La revocatoria se fundamenta en vicios de procedimiento, específicamente la falta de valoración de pruebas de descargo aportadas por el contribuyente y la denegación inmotivada de una diligencia probatoria, lo que vulneró el derecho de defensa del administrado.

Lección: La Administración Tributaria debe motivar adecuadamente sus resoluciones, valorando expresamente todas las pruebas presentadas por el contribuyente. La omisión de valorar pruebas pertinentes o la denegación de diligencias sin una justificación sólida puede invalidar el acto administrativo por vulneración al derecho de defensa, llevando a la revocatoria de los ajustes y sanciones.

El Tribunal confirma la multa impuesta a un auditor fiscal por incumplir con la ejecución técnica de su trabajo, según el artículo 135 literal b) del Código Tributario. El auditor no documentó adecuadamente en sus papeles de trabajo los procedimientos para verificar las obligaciones de su cliente en materia de inventarios y la deducibilidad de costos y gastos, presentando únicamente cédulas sumarias insuficientes. La falta de evidencia probatoria que respaldara las afirmaciones de su informe fiscal fue la causa principal de la sanción.

Lección: El trabajo del auditor fiscal debe estar meticulosamente documentado en los papeles de trabajo. No basta con afirmar que se realizaron verificaciones; es imperativo dejar constancia detallada de los procedimientos aplicados, las muestras seleccionadas y la evidencia revisada, ya que la Administración Tributaria y el Tribunal consideran que sin este respaldo documental, la opinión del auditor carece de validez y constituye un incumplimiento sancionable.

El contribuyente vendió vehículos importados a transportistas locales mediante el endoso de los documentos de importación mientras los bienes estaban en un depósito aduanero, declarando la operación como exenta de IVA. También declaró como exportación los servicios de garantía pagados por un fabricante extranjero. El TAIIA confirmó la determinación de la DGII, estableciendo que el endoso de documentos es una transferencia de dominio gravada y separada de la importación, y que los servicios de garantía se utilizaron en El Salvador, por lo que no califican como exportación.

Lección: La exención de IVA en la importación de un bien no se extiende a las transferencias de propiedad de ese mismo bien que ocurran dentro del país antes de la importación. Además, para que un servicio sea considerado una exportación con tasa 0%, el beneficio o consumo del servicio debe ocurrir exclusivamente en el extranjero, independientemente de quién pague por él o desde dónde se pague.

El Tribunal analiza un recurso contra una resolución de la DGII que determinó Impuesto sobre la Renta y una multa por evasión intencional a una empresa constructora. Los principales puntos de controversia son el rechazo de costos por no estar registrados en la contabilidad de la contribuyente, y la reclasificación de un contrato de promesa de venta como arrendamiento gravado. El Tribunal modifica parcialmente la resolución, aceptando la deducibilidad de una pérdida operativa pero confirmando los demás hallazgos de la DGII, ajustando así el impuesto y la multa a pagar.

Lección: Es crucial que los contribuyentes mantengan su contabilidad y toda la documentación de respaldo de costos y gastos de forma individual y ordenada, incluso si operan bajo figuras como consorcios. Además, la denominación de los contratos no prevalece sobre su realidad económica para efectos fiscales; si un contrato otorga el uso y goce de un bien a cambio de pagos periódicos, se considerará un arrendamiento gravado independientemente de su título.

Un contribuyente interpuso un recurso de apelación ante el TAIIA contra resoluciones de la Dirección General de Tesorería que ordenaban la retención de parte de su salario para pagar el Impuesto sobre la Renta. El Tribunal declaró el recurso improponible, argumentando que, según su ley de creación, carece de competencia para conocer actos emitidos por la Dirección General de Tesorería, ya que su jurisdicción se limita a resoluciones de la DGII y la DGA.

Lección: Es fundamental verificar la competencia del órgano administrativo ante el cual se presenta un recurso. El TAIIA no es la instancia para apelar decisiones de la Dirección General de Tesorería; hacerlo resulta en la inadmisibilidad del recurso, consumiendo tiempo y arriesgando la prescripción de los plazos para acudir a la vía correcta, como la jurisdicción contencioso-administrativa.