Una contribuyente fue sancionada con una multa por no emitir una factura de $9.00 a un agente encubierto de la administración tributaria (fedatario). La contribuyente apeló argumentando que el cliente no pidió la factura y que la multa era desproporcionada para su pequeño negocio. El Tribunal confirmó la sanción, estableciendo que la obligación de emitir factura es incondicional y que la capacidad económica no es un criterio legal para reducir la multa.

Lección: Es una obligación ineludible para todo contribuyente emitir y entregar una factura por cada venta realizada a un consumidor final, sin importar el monto y sin esperar a que el cliente la solicite. El incumplimiento conlleva una multa mínima significativa (equivalente a dos salarios mínimos) que no puede reducirse por razones de capacidad económica.

El Tribunal confirma la resolución de la DGII que objeta créditos fiscales de IVA a un contribuyente. La objeción se basa en que la operación de compraventa y arrendamiento de maquinaria con otra empresa fue una simulación ('fraude de ley') para transferir un remanente de crédito fiscal, sin que se probara la existencia efectiva de la transacción. También se confirma una multa por la presentación tardía de informes F-930.

Lección: Para deducir créditos fiscales, no es suficiente contar con la documentación formal como contratos y facturas. Es crucial poder demostrar la materialidad y el propósito de negocio real de las operaciones, especialmente en transacciones con partes relacionadas o que parezcan inusuales, ya que la autoridad fiscal puede desconocer los efectos de operaciones que considere simuladas para obtener una ventaja tributaria.

El Tribunal confirma una multa de $36,018.71 impuesta por la DGII a una empresa por no entregar a tiempo la información requerida sobre sus operaciones con un tercero. Aunque la empresa entregó la información tardíamente, el Tribunal determinó que la infracción se consumó al vencer los plazos originales y que la entrega posterior solo sirvió para atenuar la sanción, la cual fue correctamente calculada sobre el patrimonio de la empresa infractora.

Lección: Es crucial atender los requerimientos de información de la Administración Tributaria de manera completa y dentro de los plazos estipulados, incluso si la información es sobre terceros. La entrega tardía no anula la infracción y la multa puede ser considerable, ya que se calcula sobre el patrimonio del contribuyente requerido, no sobre el valor de las operaciones investigadas.

Un contribuyente importó maquinaria declarando una clasificación arancelaria incorrecta, lo que resultó en una determinación de impuestos y multa por parte de la Aduana. El Tribunal de Apelaciones revocó la resolución de la Aduana, no por el fondo del asunto, sino porque la autoridad no motivó adecuadamente su decisión y no valoró una prueba clave (un Certificado de Origen corregido) presentada por el contribuyente, vulnerando su derecho de defensa.

Lección: Es fundamental asegurar que la clasificación arancelaria en la declaración de mercancías sea correcta y coincida con la del Certificado de Origen. Si se comete un error, es crucial presentar la documentación corregida y argumentar su validez en cada etapa procesal, ya que la falta de valoración de pruebas por parte de la autoridad es un vicio de procedimiento que puede anular el acto administrativo.

Múltiples importadores apelan una resolución de la Dirección General de Aduanas que denegó el trato arancelario preferencial a importaciones de maíz blanco desde Guatemala. La decisión se basó en que el exportador no respondió a un cuestionario de verificación de origen. El Tribunal de Apelaciones revoca la resolución al determinar que la Aduana violó el derecho constitucional de audiencia de los importadores al no permitirles ser parte del procedimiento de verificación, a pesar de ser los directos afectados económicos por la decisión.

Lección: Los importadores deben solicitar formalmente y por escrito ser considerados parte interesada en cualquier procedimiento de verificación de origen que la autoridad aduanera inicie sobre sus mercancías. Aunque la normativa específica no lo contemple, el derecho constitucional a la audiencia protege a quien pueda resultar afectado patrimonialmente, y esta participación es crucial ya que es la única etapa para discutir el fondo del origen de la mercancía en sede administrativa.