Un contribuyente importó té negro declarando una clasificación arancelaria incorrecta, lo que invalidó el Certificado de Origen y generó una determinación de impuestos y multa por parte de la Aduana. Durante el proceso, el contribuyente presentó un certificado corregido como prueba, pero la autoridad aduanera no lo valoró. El Tribunal de Apelaciones revocó la resolución de la Aduana por considerar que no valorar la prueba aportada constituyó una violación al derecho de defensa del contribuyente.

Lección: Es fundamental que la autoridad administrativa valore todas las pruebas presentadas por el contribuyente en un procedimiento. La omisión de valorar una prueba pertinente, como un documento corregido, constituye una violación al derecho de defensa que puede anular todo el procedimiento, independientemente de si el error original del contribuyente existió.

El Tribunal revoca una multa de $98,061.18 impuesta por la Dirección General de Aduanas por el supuesto pago extemporáneo de la contribución especial FEFE. La DGA argumentó que la entrega del informe aprobado con un sello constituía notificación suficiente, pero el Tribunal determinó que se requería una notificación formal para que el plazo de pago comenzara a correr. Al no existir dicha notificación, el Tribunal concluyó que no hubo extemporaneidad en el pago y, por tanto, no existió la infracción.

Lección: Para que un acto administrativo, como la aprobación de un informe, genere obligaciones y plazos para el contribuyente, debe ser notificado de manera formal, clara e inequívoca. La simple recepción de un documento sellado como 'aprobado' no es suficiente para iniciar el cómputo de plazos, y los procedimientos internos acordados en reuniones no pueden contradecir o modificar lo establecido en la ley.

El Tribunal de Apelaciones revoca una resolución de la Dirección General de Aduanas que determinaba el pago de DAI, IVA y una multa por incorrecta clasificación arancelaria. La revocatoria se fundamenta en que la autoridad aduanera ejerció su facultad de fiscalización fuera del plazo de 4 años establecido en el artículo 87 del CAUCA IV, operando la caducidad de su potestad, a pesar de que el error de fondo del contribuyente existía.

Lección: La caducidad de las facultades de fiscalización de la administración es un límite temporal estricto. Es fundamental que los contribuyentes verifiquen que cualquier auditoría se inicie dentro del plazo legal (4 años para aduanas según el CAUCA IV), ya que su vencimiento extingue la potestad de la autoridad para determinar impuestos y multas, constituyendo una defensa procesal efectiva incluso ante errores materiales en la declaración.

El contribuyente interpuso un recurso de apelación contra una resolución de la Dirección General de Aduanas que determinó que sus mercancías importadas no eran de origen guatemalteco. El Tribunal de Apelaciones declaró inadmisible el recurso por haber sido presentado de forma extemporánea, es decir, fuera del plazo legal de quince días hábiles.

Lección: Es fundamental cumplir estrictamente con los plazos procesales para la interposición de recursos administrativos. La presentación de un recurso fuera del término legal, que es perentorio y fatal, resulta en su inadmisibilidad y la firmeza del acto impugnado, perdiendo así toda oportunidad de discutir la decisión de la administración en esa instancia.

El Tribunal confirma una multa impuesta por la DGII a una contribuyente por no emitir una factura por un servicio de $4.00 en su salón de belleza. La infracción fue detectada por un agente fedatario. La contribuyente alegó que estaba ausente por una emergencia familiar y su empleada no tenía acceso a las facturas, pero el Tribunal sostuvo que el empleador es siempre responsable de las acciones de sus dependientes y de garantizar el cumplimiento de las obligaciones formales.

Lección: Es crucial que todo negocio garantice la disponibilidad permanente de facturas y capacite a todos sus empleados sobre la obligación ineludible de emitirlas y entregarlas por cada operación. La responsabilidad por el incumplimiento de un empleado recae directamente sobre el empleador, y las excusas personales o la falta de organización no eximen de la sanción.