El Tribunal de Apelaciones revoca una resolución de la DGII que había objetado la deducción de costos y gastos por servicios prestados por una empresa vinculada. La DGII consideró los servicios innecesarios, pero el Tribunal, basándose en la prueba documental que demostraba que el contribuyente no tenía personal con los perfiles requeridos, concluyó que los servicios eran indispensables para la operación y conservación de la fuente de renta, validando su deducibilidad y anulando el impuesto y la multa determinados.

Lección: Para asegurar la deducibilidad de gastos por servicios, especialmente entre partes relacionadas, es fundamental documentar exhaustivamente no solo el contrato y las facturas, sino también la prestación efectiva y la necesidad del servicio. Se deben conservar reportes, correos, minutas y registros de sistemas que demuestren la relación de causalidad entre el gasto y la generación de renta o conservación de la fuente, probando que la empresa no cuenta con los recursos internos para realizar dichas actividades.

El Tribunal confirma las multas impuestas a un contribuyente por la presentación extemporánea de los informes F-930 (retenciones de IVA) y F-982 (operaciones con relacionados). El contribuyente alegó nulidad del procedimiento, argumentando que un auditor lo contactó ilegalmente por correo electrónico antes de una designación formal. El Tribunal desestimó el alegato, validando las actuaciones previas del auditor como parte de las facultades de control y asistencia de la DGII, y confirmó que las sanciones aplicadas se ajustan a los principios de legalidad y tipicidad.

Lección: Es crucial cumplir con los plazos legales para la presentación de todas las declaraciones informativas, como los formularios F-930 y F-982. Una comunicación informal de un auditor de la DGII advirtiendo sobre un incumplimiento no es un acto ilegal, sino una acción preliminar de control que no invalida un posterior proceso sancionador; ignorarla o usarla como argumento de nulidad es una estrategia ineficaz.

El Tribunal de Apelaciones confirma una resolución de la DGII que determina un impuesto de IVA a pagar y varias multas millonarias a un contribuyente. Las infracciones se originaron por realizar ajustes a sus ventas con Notas de Crédito que no cumplían los requisitos legales, deducir créditos fiscales por gastos no indispensables y por una operación duplicada con un no domiciliado, y por diversos incumplimientos formales como no emitir facturas o emitirlas de forma consolidada.

Lección: El cumplimiento estricto de los requisitos formales en los documentos tributarios, como las Notas de Crédito, es fundamental y no un mero trámite. Para que un crédito fiscal sea deducible, el contribuyente debe ser capaz de demostrar con pruebas fehacientes que el gasto asociado es indispensable para la generación de sus ingresos gravados, y que el documento soporte está emitido a su nombre.

El Tribunal de Apelaciones confirma una multa impuesta por la DGII a una sociedad que omitió el pago del anticipo a cuenta del Impuesto sobre la Renta durante los meses de mayo a diciembre de 2018. A pesar de haber generado ingresos por más de $4 millones, la empresa presentó sus declaraciones mensuales (F-14) en cero, lo que el Tribunal consideró como un incumplimiento de la obligación de pago, validando la sanción del 75% sobre el monto no enterado.

Lección: Es una obligación legal ineludible para las empresas calcular y pagar mensualmente el 1.75% de anticipo a cuenta sobre sus ingresos brutos. Presentar la declaración correspondiente con valor cero cuando se han obtenido ingresos no exime de la obligación y se configura como una omisión de pago, sujeta a una severa multa del 75% del monto adeudado.

La Dirección General de Aduanas reclasificó un producto químico importado por el contribuyente, determinando impuestos adicionales (DAI e IVA) y una multa por declaración inexacta. El Tribunal de Apelaciones revoca la decisión de la DGA al considerar que esta no motivó ni fundamentó adecuadamente las razones técnicas y legales para el cambio de clasificación arancelaria, violando el derecho de defensa del contribuyente.

Lección: La Administración Tributaria y Aduanera debe motivar de forma explícita y suficiente sus resoluciones, detallando el análisis técnico y jurídico que justifica sus decisiones. No es suficiente con citar conclusiones de informes internos; el razonamiento debe estar contenido en el propio acto administrativo para garantizar la seguridad jurídica y el derecho de defensa del administrado.