El Tribunal de Apelaciones confirma una multa de $40,006.64 impuesta por la DGII a una sociedad por la presentación extemporánea de ocho informes F-930. El contribuyente apeló alegando notificaciones indebidas y violación de principios, pero el Tribunal determinó que la infracción formal fue admitida por el propio contribuyente y que los procedimientos de la DGII, incluyendo la notificación y la aplicación de la sanción, se apegaron a la ley.

Lección: El cumplimiento de las obligaciones formales, como la presentación de informes tributarios (F-930) en los plazos legales, es fundamental y su incumplimiento conlleva sanciones severas. La presentación tardía, incluso si se subsana voluntariamente, puede generar multas significativas calculadas sobre el patrimonio de la empresa, independientemente de que los impuestos hayan sido pagados correctamente.

El Tribunal de Apelaciones confirma la resolución de la DGII que objetó la deducción de gastos por sueldos y salarios a un contribuyente, debido a que no se realizaron ni enteraron las retenciones previsionales (AFP) correspondientes. Adicionalmente, se confirman las multas impuestas por llevar incorrectamente el registro de control de inventarios y por no proporcionar información solicitada durante la fiscalización. El Tribunal reitera que el cumplimiento de las obligaciones previsionales es un requisito indispensable para la deducibilidad de los salarios.

Lección: Para asegurar la deducibilidad de los gastos de sueldos y salarios en el Impuesto sobre la Renta, es crucial no solo pagar el salario al empleado, sino también cumplir con todas las obligaciones legales asociadas, como la retención y el pago íntegro y oportuno de las cotizaciones de seguridad social (ISSS) y del sistema de pensiones (AFP). La omisión de estas obligaciones convierte el gasto en no deducible, resultando en un mayor impuesto a pagar y posibles sanciones.

Un contribuyente fue sancionado con una multa de $600.00 por no emitir una factura por un servicio de alimentación, hecho verificado por un fedatario de la DGII. El contribuyente apeló alegando que el plazo para sancionar había caducado según la Ley de Procedimientos Administrativos. El Tribunal confirmó la multa, aclarando que el plazo de caducidad aplicable es el especial de 3 años del Código Tributario, el cual no había vencido, y que la infracción fue debidamente comprobada.

Lección: Es una obligación ineludible emitir y entregar la factura o documento equivalente en el momento exacto en que se realiza la operación y se recibe el pago. Además, en procedimientos sancionatorios tributarios, el plazo de caducidad que rige es el específico del Código Tributario (3 años para sanciones aisladas), no el plazo general de la Ley de Procedimientos Administrativos.

El Tribunal confirma una multa de $600 impuesta por la DGII a un contribuyente por no emitir una factura durante una verificación por fedatario. El contribuyente alegó fallas técnicas en su nuevo sistema de emisión de tiquetes, pero el Tribunal desestimó el argumento, señalando que la ley obliga a tener facturas de papel como respaldo para tales contingencias y que el intento de subsanación fue incorrecto.

Lección: Los contribuyentes que utilizan sistemas computarizados para emitir tiquetes deben obligatoriamente mantener un talonario de facturas manuales en el establecimiento para asegurar el cumplimiento de la obligación de emisión de documentos ante cualquier imprevisto técnico. Las fallas del sistema no son una excusa válida si no se cuenta con este plan de contingencia.

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) sancionó a un contribuyente con una multa de $420.00 por emitir una factura que utilizaba códigos de producto en lugar de una descripción textual, considerándolo un incumplimiento formal. El Tribunal de Apelaciones (TAIIA) revocó la sanción, determinando que la propia DGII había autorizado previamente ese formato de factura y, además, había violado el principio de verdad material al no investigar el significado de dichos códigos antes de sancionar.

Lección: Si la Administración Tributaria autoriza un formato específico para los documentos legales (ej. facturas con códigos de producto), no puede sancionar posteriormente al contribuyente por su uso. Es crucial que los contribuyentes conserven las resoluciones de autorización como prueba de que su actuación se ajusta a lo permitido por la propia autoridad fiscal.