La Administración Tributaria (DGII) sancionó a una empresa por llevar sus registros de control de inventarios sin cumplir con los requisitos legales del Código Tributario. El contribuyente argumentó que presentó un informe incorrecto por error y que la DGII no solicitó aclaraciones, pero el Tribunal de Apelaciones confirmó la multa, estableciendo que es responsabilidad del contribuyente presentar la información correcta desde el inicio. La sanción fue atenuada porque el contribuyente subsanó el incumplimiento en la etapa de audiencia, pero la infracción original se mantuvo.

Lección: Es crucial que los contribuyentes se aseguren de presentar la documentación completa y correcta que cumple con todos los requisitos legales desde el primer requerimiento en una auditoría fiscal. Un error u omisión, aunque no sea intencional, constituye una infracción sancionable, y la corrección posterior solo podría dar lugar a una reducción (atenuante) de la multa, no a su anulación.

El Tribunal de Apelaciones revisa una determinación de Impuesto sobre la Renta de 2016 a una entidad bancaria, donde la DGII objetó ingresos y gastos. El Tribunal revoca parcialmente la determinación de ingresos por una fiscalización deficiente, pero confirma la objeción a ingresos por intereses en mora y a deducciones por pérdidas de capital, condonaciones y provisiones, estableciendo la supremacía de la ley tributaria sobre las normas contables bancarias. Aunque el razonamiento del tribunal anula la multa por falta de dolo, la parte resolutiva final la ajusta, resultando en un fallo modificatorio.

Lección: La normativa tributaria prevalece sobre cualquier normativa contable o regulatoria sectorial. Los ingresos deben reconocerse fiscalmente según el método del devengo establecido en la Ley de Impuesto sobre la Renta, y los gastos solo son deducibles si cumplen estrictamente los requisitos de necesidad y causalidad de dicha ley, sin que los tratamientos contables especiales (como provisiones o registros en cuentas de orden) garanticen su aceptación fiscal.

El Tribunal de Apelaciones analiza el recurso de una empresa de supermercados contra una resolución de la DGII que disminuyó su saldo a favor de Impuesto sobre la Renta de 2016. El Tribunal confirma la mayoría de las objeciones de la DGII, incluyendo la no deducibilidad de faltantes de inventario (considerados pérdida de capital), gastos personales de expatriados y otros gastos sin nexo causal con la renta. Sin embargo, revoca una objeción sobre gastos de ejercicios anteriores, al constatar que la DGII no valoró adecuadamente la prueba de reversión contable presentada por el contribuyente.

Lección: Para asegurar la deducibilidad de costos y gastos, es crucial mantener una documentación exhaustiva que demuestre no solo la existencia de la erogación, sino también su estricta necesidad y causalidad con la generación de renta gravada o la conservación de la fuente. Las pérdidas de inventario deben ser probadas como mermas inherentes al producto y no como simples diferencias de inventario, y los gastos personales de ejecutivos, aunque estén relacionados con el negocio, son explícitamente no deducibles.

Una sociedad fue sancionada por la DGII con dos multas: una por enterar tardíamente las retenciones de Renta de 2018 y otra por presentar fuera de plazo el informe anual de retenciones (F-910). El Tribunal de Apelaciones revocó la multa principal (USD $54,742.45) al considerar que la DGII no motivó adecuadamente su negativa a aplicar retroactivamente una ley de amnistía fiscal más favorable. Sin embargo, el Tribunal confirmó la multa menor (USD $279.27) por la presentación tardía del informe, al ser una infracción formal autónoma y debidamente probada.

Lección: La presentación del Informe Anual de Sujetos de Retención (F-910) es una obligación formal independiente del pago del impuesto. Su incumplimiento, incluso por un solo día, genera una sanción específica que puede ser confirmada por las autoridades aunque otras sanciones mayores relacionadas con el mismo impuesto sean revocadas. Es crucial cumplir con todos los plazos de obligaciones formales para evitar multas.

Un contribuyente cometió errores de transcripción en sus declaraciones de mercancías, citando un acuerdo comercial y un país de origen incorrectos, aunque los certificados de origen de respaldo eran correctos. La Dirección de Aduanas negó el beneficio arancelario y aplicó impuestos y multas. El Tribunal revocó la determinación de impuestos y la multa principal, aplicando el principio de verdad material y considerando que un error formal no puede invalidar un derecho sustantivo probado por la documentación de soporte, aunque confirmó una multa menor por la inexactitud en la declaración.

Lección: Es fundamental verificar exhaustivamente la consistencia entre la información digitada en la Declaración de Mercancías y los datos de los documentos de soporte (facturas, certificados de origen, etc.). Un simple error de transcripción puede derivar en la negación de beneficios, la determinación de impuestos y el inicio de un costoso y prolongado litigio, aun cuando finalmente se logre demostrar el derecho.