El Tribunal revoca una resolución de la DGII que determinaba impuesto sobre la renta y multas para el ejercicio 2014. El Tribunal concluye que la DGII actuó sin facultades legales al finalizar el proceso de fiscalización después de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo No. 127, el cual dejaba sin efecto dichos procedimientos en trámite. Se desestimó el argumento de la DGII de que aplicaba una excepción por un requerimiento de la Fiscalía, al no probarse una investigación penal activa.

Lección: Los contribuyentes y la Administración Tributaria deben observar rigurosamente los decretos transitorios emitidos por la Asamblea Legislativa, ya que pueden extinguir las facultades de fiscalización en curso. Para invocar una excepción a dichos regímenes, como la existencia de una investigación penal, se requiere prueba fehaciente de dicha circunstancia, no bastando un simple requerimiento de información o análisis por parte de la Fiscalía.

El contribuyente apeló una resolución de la DGII que determinó un impuesto sobre la renta complementario y multas por el ejercicio 2014, debido principalmente al rechazo de costos de venta por fallas en el control de inventarios y la omisión de una ganancia de capital. El Tribunal de Apelaciones modificó la resolución, reconociendo parte de los costos objetados al determinar que la falta de formalidades en el registro de inventarios no justifica el rechazo total de la deducción, pero confirmó la mayoría de las objeciones por falta de documentación, pagos en efectivo y gastos no necesarios, así como las multas correspondientes ajustadas al nuevo monto de impuesto.

Lección: Es fundamental mantener un estricto cumplimiento de las obligaciones formales y sustantivas. Para deducir el costo de venta, es indispensable llevar un Registro de Control de Inventarios conforme a la ley (Art. 142 y 142-A CT). Además, toda deducción de costos y gastos debe estar respaldada por documentación idónea, registrada contablemente y, para operaciones mayores a 25 salarios mínimos, pagada a través de medios bancarios para evitar su rechazo.

El contribuyente importó altavoces portátiles clasificándolos en una partida con 0% de DAI. La autoridad aduanera los reclasificó como aparatos de radio, imponiendo DAI, IVA y una multa tributaria. El Tribunal de Apelaciones revocó la reclasificación, los impuestos y la multa tributaria, al determinar que la función esencial del producto es ser un altavoz, pero confirmó una multa administrativa de $50 por declarar incorrectamente el país de origen.

Lección: La clasificación arancelaria de mercancías multifuncionales debe basarse en su carácter esencial y función principal, no en características accesorias. Además, es crucial verificar la exactitud de todos los datos en la declaración de mercancías, incluyendo el país de origen, para evitar sanciones administrativas.

Una empresa usuaria de Zona Franca fue fiscalizada por la importación de maquinaria y tela. El Tribunal confirmó el cobro de impuestos y una multa sobre la maquinaria, ya que sus códigos arancelarios no estaban en la lista de bienes autorizados para el beneficio fiscal. Sin embargo, revocó la multa por un sobrante de tela no declarado, estableciendo que la sanción específica aplicada por la aduana (Art. 8 lit. a LEPSIA) solo es válida para regímenes de importación definitiva, y no para el régimen de Zona Franca, por violación al principio de tipicidad.

Lección: Las empresas que operan bajo regímenes aduaneros especiales, como Zonas Francas, deben verificar rigurosamente que cada bien importado (tanto materias primas como maquinaria) esté explícitamente incluido en su acuerdo de autorización del Ministerio de Economía. La falta de esta verificación puede resultar en el pago total de impuestos y multas, anulando el beneficio fiscal pretendido.

Un importador de ropa usada fue sancionado por la DGA por no declarar correctamente otros artículos (zapatos, bolsos) que venían en el mismo embarque, determinando impuestos y dos multas. El Tribunal de Apelaciones revocó la determinación de impuestos y la multa tributaria principal, al encontrar que la DGA no justificó adecuadamente el uso del método de valoración de 'último recurso'. Sin embargo, confirmó la multa administrativa de $50 por inexactitudes en la declaración que no generaron perjuicio fiscal.

Lección: Al valorar mercancías no declaradas, la autoridad aduanera está obligada a seguir y documentar el descarte sucesivo de los métodos de valoración del Acuerdo GATT antes de aplicar el de 'último recurso'. La omisión de esta motivación procesal puede llevar a la anulación de la determinación de impuestos y las multas asociadas.