Un contribuyente interpuso un Recurso de Apelación ante el TAIIA contra una resolución de la Aduana Terrestre de San Bartolo que le determinó impuestos y una multa. El Tribunal declaró el recurso improponible por falta de competencia, argumentando que su jurisdicción se limita a actos de la Dirección General de Aduanas, no de sus administraciones locales. El procedimiento correcto era un Recurso de Revisión ante la Dirección General de Aduanas.

Lección: Es crucial conocer la jerarquía y competencia de las autoridades administrativas. Las resoluciones de una administración de aduana local no pueden ser apeladas directamente ante el TAIIA. Primero se debe agotar la vía administrativa interponiendo un Recurso de Revisión ante la Dirección General de Aduanas, y solo la resolución final de esta última es la que puede ser objeto de apelación.

La Dirección General de Aduanas (DGA) declaró como no originarios unos muebles de metal importados desde Guatemala, denegando el beneficio de libre comercio. La decisión se basó en que la empresa exportadora no respondió de forma clara y pertinente a los cuestionarios de verificación de origen, al no aportar registros contables completos, especialmente un control de inventarios (kardex), que permitieran trazar los insumos y verificar el cumplimiento de la regla de origen. El Tribunal de Apelaciones (TAIIA) confirmó la resolución de la DGA, al constatar la falta de pruebas por parte del exportador y desestimar sus alegatos procesales sobre notificaciones y plazos.

Lección: Para asegurar los beneficios arancelarios, es indispensable que los exportadores mantengan registros contables y de producción exhaustivos, incluyendo un sistema de control de inventarios (kardex) que permita una trazabilidad clara e inequívoca de la relación insumo-producto. La falta de esta prueba fundamental, o no responder de forma completa y pertinente a los requerimientos de la autoridad aduanera durante una verificación de origen, puede resultar en la pérdida del tratamiento preferencial, ya que la carga de la prueba recae enteramente en quien certifica el origen.

El Tribunal confirma la resolución de la DGII que objeta costos de ventas por $904,695.45 a un contribuyente. La objeción se debe a que las compras, aunque necesarias para el giro del negocio, fueron pagadas en efectivo en lugar de medios bancarizados, incumpliendo el requisito del Art. 29-A de la Ley de Impuesto sobre la Renta para operaciones mayores a 25 salarios mínimos. Como consecuencia, se confirma el impuesto determinado de $271,408.63 y la multa por evasión no intencional de $67,852.15.

Lección: Para asegurar la deducibilidad de costos y gastos, es crucial que todas las operaciones de compra por montos iguales o superiores a 25 salarios mínimos mensuales se paguen exclusivamente mediante medios bancarizados (cheque, transferencia, tarjeta de crédito/débito) y se mantenga un registro contable claro que vincule cada pago con su respectiva factura.

El Tribunal confirma una multa de $900,170.18 impuesta por la DGII a un contribuyente por no proporcionar información solicitada durante una fiscalización en el formato (Excel) y plazo requeridos. El contribuyente argumentó que la DGII excedió sus facultades y que tenía hasta el final de la auditoría para presentar la información, pero el Tribunal determinó que la DGII actuó dentro del marco legal y que los requerimientos específicos deben cumplirse en sus propios términos.

Lección: Los contribuyentes deben cumplir estrictamente con los requerimientos de información de la DGII, incluyendo los plazos y formatos especificados (como archivos Excel), incluso durante una fiscalización en curso. Argumentar que el formato no es una obligación legal preexistente o que el plazo se extiende hasta el fin de la auditoría no es una defensa válida y puede resultar en sanciones severas.

El Tribunal de Apelaciones declara inadmisible un recurso de apelación contra una resolución de la DGII que determinaba impuestos y multas por IVA. La inadmisibilidad se debe a que el representante legal del contribuyente no presentó la documentación necesaria para acreditar su personería jurídica, a pesar de habérsele prevenido en dos ocasiones y concedido plazos para ello.

Lección: Es fundamental asegurar que la personería del representante legal esté debidamente acreditada desde el momento de interponer un recurso. El incumplimiento de prevenciones formales del Tribunal, como la presentación de credenciales, puede resultar en la inadmisibilidad del caso, impidiendo cualquier discusión sobre el fondo de la controversia tributaria.