El Tribunal de Apelaciones revoca una determinación de ingresos omitidos y una multa por evasión a un contribuyente, aplicando el principio de verdad material para concluir que el ingreso fue percibido por una filial extranjera a pesar de la participación formal del contribuyente en el contrato. Sin embargo, confirma el rechazo de la deducción de gastos incurridos en Honduras, ya que el contribuyente no logró probar su necesidad y relación causal con la generación de renta gravada en El Salvador.

Lección: Para deducir gastos incurridos en el extranjero, es indispensable mantener documentación robusta que demuestre de manera inequívoca la relación de causalidad entre dicho gasto y la generación de ingresos gravables en El Salvador. La simple presentación de facturas de venta a clientes en ese país no es prueba suficiente para satisfacer la carga probatoria sobre la necesidad del gasto.

El contribuyente interpuso un recurso de apelación contra una resolución de la DGII que le determinó impuesto de IVA, disminuyó su crédito fiscal e impuso multas por diversas infracciones. El Tribunal de Apelaciones declaró inadmisible el recurso por haber sido presentado fuera del plazo legal de quince días hábiles, basándose en el carácter perentorio y fatal de dicho término.

Lección: Es fundamental computar y respetar rigurosamente los plazos legales para la interposición de recursos administrativos. El incumplimiento del plazo, como en este caso, provoca la pérdida del derecho a apelar y la firmeza del acto administrativo, impidiendo cualquier discusión posterior sobre el fondo del asunto.

El contribuyente interpuso un recurso de apelación contra una resolución de la DGII sobre Impuesto sobre la Renta. Posteriormente, solicitó el desistimiento del recurso para acogerse a los beneficios de la 'Ley Transitoria para Facilitar el Cumplimiento Voluntario de Obligaciones Tributarias y Aduaneras'. El Tribunal de Apelaciones aceptó el desistimiento, dando por finalizado el proceso de apelación.

Lección: Un contribuyente puede desistir de un recurso de apelación en cualquier etapa del proceso para acogerse a programas de amnistía o beneficios fiscales transitorios, lo cual puede ser una estrategia más favorable que continuar con el litigio.

El Tribunal confirma la resolución de la DGII que objeta costos y gastos deducidos por un contribuyente en su declaración de Renta del año 2013. Las objeciones se deben a graves deficiencias documentales, como la falta de Comprobantes de Crédito Fiscal en compras a contribuyentes, el uso de documentos no idóneos en compras a sujetos excluidos, el pago en efectivo de operaciones de alto valor y registros de inventario incompletos, resultando en la determinación de impuesto y la imposición de multas.

Lección: Es fundamental asegurar que todos los costos y gastos deducibles estén respaldados por la documentación legalmente idónea y cumplan con todos los requisitos formales y de procedimiento. Esto incluye exigir el documento correcto según el tipo de proveedor (CCF para contribuyentes, recibo con formalidades para excluidos), utilizar medios de pago bancarizados para operaciones mayores a 25 salarios mínimos y mantener registros contables y de inventario completos y precisos.

El Tribunal de Apelaciones confirma la resolución de la DGII que objeta varias deducciones a una compañía de seguros para el Impuesto sobre la Renta 2010. Los principales puntos confirmados son el rechazo de gastos de reaseguro por no efectuar la retención a no domiciliados, la no deducibilidad de gastos financieros ligados a rentas exentas, y la prohibición de deducir reservas técnicas (catastróficas y por siniestros no reportados) por estar expresamente vetadas en la ley fiscal, a pesar de ser exigidas por el regulador financiero.

Lección: Para que un gasto sea deducible fiscalmente, debe cumplir con todos los requisitos de la ley tributaria, incluyendo las obligaciones formales como la retención de impuestos. Las disposiciones específicas de la ley fiscal que prohíben una deducción prevalecen sobre las normas contables generales o las regulaciones de otros entes supervisores.