Un contribuyente, con una deuda tributaria en litigio judicial, solicitó una solvencia fiscal. La DGII la denegó argumentando que la deuda era definitiva en la vía administrativa. El contribuyente apeló esta negativa ante el TAIIA, el cual declaró el recurso improponible por falta de competencia, aclarando que su mandato se limita a apelaciones sobre liquidaciones de impuestos y sanciones, no sobre la emisión de solvencias.

Lección: Es crucial dirigir los recursos administrativos al órgano competente. El TAIIA solo tiene competencia para resolver apelaciones sobre liquidaciones de oficio de tributos y la imposición de sanciones. Las resoluciones sobre otros asuntos, como la denegatoria de una solvencia tributaria, deben impugnarse directamente en la jurisdicción contencioso-administrativa.

Un contribuyente apeló ante el TAIIA la negativa de la DGII a proporcionar certificaciones de declaraciones de renta de terceros, solicitadas vía judicial. El Tribunal declaró el recurso inadmisible por ser presentado 143 días hábiles fuera del plazo legal de 15 días. Adicionalmente, lo declaró improponible por falta de competencia, ya que el TAIIA solo puede conocer sobre liquidaciones de impuestos y sanciones, no sobre negativas de información.

Lección: Es crucial conocer los plazos procesales y la competencia de cada instancia. Los recursos de apelación ante el TAIIA deben interponerse dentro de los 15 días hábiles y solo contra actos de liquidación de impuestos o imposición de sanciones. Impugnar un acto no recurrible o hacerlo fuera de plazo resultará en el rechazo inmediato del recurso.

Una empresa de retail apeló una determinación de impuestos de la DGII que objetaba costos de venta por promociones y gastos por cuentas incobrables. El Tribunal de Apelaciones revocó la objeción a los costos por falta de motivación de la DGII, pero confirmó el rechazo de más de $10 millones en cuentas incobrables porque el contribuyente no demostró haber intentado el cobro judicial. Como resultado, se ajustó el impuesto a pagar y la multa correspondiente.

Lección: Para deducir cuentas incobrables, no es suficiente argumentar que demandar judicialmente no es rentable. Es crucial documentar y demostrar a la autoridad tributaria el cumplimiento de todos los requisitos legales, incluyendo un análisis detallado que justifique la decisión de no perseguir el cobro judicial o la evidencia de haberlo intentado y sus resultados.

Un contribuyente no reexportó mercancías bajo el régimen de admisión temporal dentro del plazo legal. Posteriormente, de forma voluntaria, pagó los impuestos de importación definitiva y solicitó la dispensa de la multa por la infracción, amparándose en la subsanación voluntaria. La Dirección General de Aduanas negó la dispensa, argumentando que una infracción por vencimiento de plazo no es subsanable. El Tribunal de Apelaciones revocó la decisión, estableciendo que la subsanación es procedente y que, al haberse realizado antes de cualquier fiscalización, el contribuyente tiene derecho a la exención de la multa.

Lección: Si se comete una infracción aduanera por incumplimiento de plazos, es posible evitar la multa si se subsana voluntariamente la situación (por ejemplo, pagando los impuestos adeudados) y se solicita formalmente la dispensa antes de que la autoridad aduanera inicie cualquier proceso de verificación o fiscalización. La interpretación de la autoridad no puede imponer más requisitos que los que la ley expresamente establece para conceder este beneficio.

El Tribunal de Apelaciones confirma la resolución de la DGII que determina un impuesto sobre la renta de más de $2.5 millones y una multa a un contribuyente dedicado a la importación y venta de lácteos. Las principales objeciones, ratificadas por el tribunal, incluyen la determinación de ventas omitidas por faltantes de inventario, y la no deducibilidad de costos millonarios por no usar medios de pago bancarios, falta de documentación de soporte para fletes y seguros, y la no realización de retenciones previsionales y de renta sobre salarios y honorarios.

Lección: Para asegurar la deducibilidad de costos y gastos, es crucial cumplir con la totalidad de los requisitos formales y sustanciales que exige la ley. No basta con demostrar que el gasto fue real o necesario; se debe documentar adecuadamente cada operación con facturas idóneas y utilizar los medios de pago exigidos por la ley (bancarización para montos altos), además de cumplir con todas las obligaciones de retención (AFP, Renta).