El Tribunal confirma la resolución de la DGII que determinó un impuesto sobre la renta de $1,017,781.75 y una multa de $263,207.99 a una sociedad financiera. Los hallazgos incluyen rentas no declaradas por ajustes improcedentes con notas de crédito defectuosas, la incorrecta exclusión de comisiones 'incoming' como renta no gravada, y la deducción de gastos no registrados en el período fiscal correcto y gastos de una fiesta navideña considerados no necesarios.

Lección: El cumplimiento estricto de los requisitos formales y sustantivos es crucial. Los documentos tributarios como las Notas de Crédito deben cumplir todas las formalidades legales para ser válidos. Además, la clasificación de ingresos debe seguir el principio de territorialidad basado en el uso económico del servicio, y los gastos deben ser necesarios, oportunos en su registro contable y estar explícitamente permitidos por la ley para ser deducibles.

El TAIIA confirma la resolución de la DGII que determinó un impuesto sobre la renta omitido de $19,383.60 y multas por $24,189.24 a una sociedad por el ejercicio 2018. El contribuyente no presentó su declaración, no llevó contabilidad formal y no proporcionó la información requerida, por lo que la DGII liquidó el impuesto de oficio. El Tribunal desestimó las excusas del contribuyente basadas en la pandemia de COVID-19 y problemas personales, argumentando que los incumplimientos eran anteriores y que no utilizó las oportunidades procesales para defenderse.

Lección: Es crucial cumplir con las obligaciones formales y sustantivas, como presentar declaraciones y mantener la contabilidad al día, dentro de los plazos legales. Las excusas como la pandemia, problemas de personal o la condición de vulnerabilidad del representante legal no son aceptadas como 'caso fortuito' o 'justa causa' para eximir de responsabilidad, especialmente si las obligaciones incumplidas son de períodos anteriores a dichos eventos.

Un contribuyente usuario de zona franca apela una determinación de Impuesto sobre la Renta, donde la DGII reclasificó como gravadas las rentas por exportación de bienes producidos por un subcontratista y por ventas a otro usuario de zona franca. El Tribunal confirmó el impuesto sobre la producción subcontratada por falta de participación del contribuyente en la actividad incentivada, pero revocó el impuesto sobre la venta entre usuarios por estar dentro de su actividad autorizada, ajustando las multas correspondientes.

Lección: Para mantener los beneficios fiscales de zona franca, el usuario debe participar activamente en la actividad incentivada autorizada. La subcontratación total de la producción y de los trámites aduaneros puede llevar a la pérdida de la exención sobre esos ingresos. Además, es crucial que cualquier ajuste a los valores de exportación se respalde con la rectificación formal de las declaraciones de aduanas para ser fiscalmente reconocido.

El contribuyente apeló una determinación de Impuesto sobre la Renta y una multa por evasión no intencional impuestas por la DGII, basadas en rentas no declaradas y costos/gastos rechazados. El Tribunal de Apelaciones (TAIIA) modificó la resolución, revocando una parte significativa de los hallazgos de la DGII porque esta no incluyó en el expediente la prueba presentada por el contribuyente, impidiendo una revisión de legalidad. Sin embargo, el TAIIA confirmó otras objeciones debidamente fundamentadas, como rentas por documentos extraviados y gastos sin justificación de origen de fondos, ajustando el impuesto y la multa a pagar.

Lección: Es crucial que la Administración Tributaria (DGII) integre debidamente toda la prueba aportada por el contribuyente al expediente administrativo. Su omisión viola el debido proceso y puede causar la revocatoria de sus determinaciones en apelación, al impedir que el tribunal superior realice un control de legalidad completo sobre el acto impugnado.

El Tribunal de Apelaciones confirma la resolución de la DGII que determina un impuesto de IVA de $15,204.85 y multas por $73,632.35 a un contribuyente por el ejercicio 2017. La sanción se debe a la omisión total en la presentación de declaraciones de IVA e informes F-930, y por no proporcionar la información contable requerida durante la fiscalización. El Tribunal desestimó las justificaciones del contribuyente, como la pandemia de COVID-19 y problemas personales, argumentando que las obligaciones tributarias eran preexistentes y que se desaprovecharon las oportunidades procesales para defenderse.

Lección: Es crucial cumplir con las obligaciones tributarias formales (declarar, informar, llevar contabilidad) y sustantivas (pagar el impuesto) en los plazos legales. Alegar 'caso fortuito' o 'justa causa' por eventos posteriores como la pandemia de COVID-19 no exime de responsabilidad por incumplimientos de años anteriores, y no presentar la documentación soporte durante la fiscalización y la etapa de audiencia debilita fatalmente la defensa del contribuyente.