El Tribunal de Apelaciones confirma una determinación de la DGII por más de $3.8 millones en Impuesto sobre la Renta y $1 millón en multas a un importador de productos lácteos para el ejercicio 2015. La decisión se basa en la falta total de contabilidad formal, la no documentación de costos, el pago de importaciones millonarias en efectivo, y la subdeclaración de ingresos, lo que llevó a la DGII a estimar el impuesto sobre una base presunta. El Tribunal ratificó que el incumplimiento de requisitos formales y sustanciales, como la bancarización, invalida las deducciones y justifica plenamente las sanciones impuestas.

Lección: Es indispensable mantener una contabilidad formal y legalizada, respaldar cada costo y gasto con su documento idóneo, y utilizar medios bancarios (cheques, transferencias) para todas las compras que superen los 25 salarios mínimos. La falta de estos soportes, incluso si las operaciones son reales, resultará en el rechazo de las deducciones por parte de la autoridad fiscal y la posible determinación de impuestos sobre base presunta, con las consecuentes multas.

El TAIIA confirma la resolución de la DGII que rechaza la deducción de costos de venta a un contribuyente, debido a que las facturas de sus proveedores extranjeros estaban emitidas a nombre de empresas relacionadas y no a su propio nombre. El tribunal sostiene que la correcta documentación es un requisito legal indispensable, no subsanable por la prueba del impacto económico, y ratifica la multa por evasión no intencional.

Lección: Para asegurar la deducibilidad de costos por compras en el extranjero, es crucial que el contribuyente exija y verifique que todos los documentos de respaldo, especialmente las facturas (invoices), estén emitidos correctamente a su nombre. La falta de este requisito formal anula el derecho a la deducción, independientemente de que se pueda demostrar la realidad de la transacción y el pago.

El Tribunal de Apelaciones confirma la determinación de impuesto sobre la renta y múltiples multas impuestas por la DGII a una sociedad por el ejercicio fiscal 2017. La sociedad no presentó su declaración de renta, no proporcionó su contabilidad ni atendió los requerimientos de información, lo que llevó a una fiscalización y liquidación de oficio basada en datos de terceros. El Tribunal desestimó los argumentos del contribuyente que justificaban su incumplimiento en la pandemia de COVID-19, por ser esta posterior a las obligaciones adeudadas.

Lección: Es imperativo cumplir con las obligaciones tributarias formales y sustantivas en los plazos legales, especialmente la presentación de declaraciones y el mantenimiento de la contabilidad. Justificaciones como la pandemia de COVID-19 o dificultades personales no son aceptadas para incumplimientos de ejercicios fiscales anteriores, y la falta de presentación de documentación de respaldo durante una auditoría resultará en el rechazo de deducciones de costos y gastos y en una determinación de impuestos basada en la información que la administración pueda obtener de terceros.

El Tribunal confirma la decisión de la DGII de objetar la deducción de costos de venta a una contribuyente que pagó a su proveedor (su padre) emitiendo cheques directamente a los acreedores de este. Se determinó que, al no existir un acuerdo formal que respaldara esta triangulación de pagos, la contribuyente no logró probar haber soportado el impacto económico de la compra, incumpliendo con el Art. 29-A de la Ley de Renta, lo que justificó el ajuste de impuesto y la multa por evasión no intencional.

Lección: Para asegurar la deducibilidad de un costo, el pago debe ser claramente trazable al proveedor que emite la factura. Si se paga a un tercero por cuenta del proveedor, es indispensable contar con un contrato o mandato escrito que autorice explícitamente dicha modalidad de pago, ya que las relaciones comerciales informales, incluso entre familiares, no son suficientes para justificar la operación ante la Administración Tributaria.

El Tribunal confirma la resolución de la DGII que determinó un impuesto sobre la renta omitido y una multa por evasión no intencional a una sociedad. La controversia se centró en la improcedencia de diversas deducciones de gastos (dietas, vehículos, mantenimiento de inmuebles, vigilancia y agropecuarios) que el contribuyente no pudo justificar como necesarios para la generación de renta o la conservación de la fuente, al carecer de la documentación de respaldo requerida.

Lección: Es crucial que los contribuyentes mantengan documentación y registros detallados (como bitácoras, informes de gestión, contratos claros) que demuestren fehacientemente la necesidad y vinculación de cada gasto con la generación de ingresos gravables o la conservación de la fuente, ya que la carga de la prueba recae sobre ellos para justificar las deducciones ante la Administración Tributaria.