El Tribunal confirma un ajuste de la Dirección General de Aduanas que rechazó un descuento del 55% en el valor de una importación. Se determinó que el descuento no era de mercado, sino el resultado de una vinculación comercial entre las casas matrices del importador y el proveedor, y el contribuyente no logró demostrar que dicha vinculación no influyó en el precio.

Lección: Los descuentos en importaciones derivados de acuerdos globales entre empresas de un mismo grupo corporativo son un foco de fiscalización. Para que sean aceptados, el importador debe poder demostrar fehacientemente que la vinculación no afectó el precio y que este se aproxima a valores de mercado con compradores no relacionados; de lo contrario, el valor declarado será rechazado.

El contribuyente fue sancionado con una multa de $11,340.00 por presentar de forma extemporánea el Informe de Sujetos de Retención de IVA (F-930) para seis períodos de 2017. El contribuyente apeló solicitando una reducción mayor de la multa (75%), pero el Tribunal confirmó la sanción y la atenuante del 30% aplicada por la DGII, ya que la subsanación ocurrió después de iniciada la fiscalización.

Lección: Para obtener el máximo beneficio de reducción de multas (atenuante del 75%), es crucial subsanar cualquier incumplimiento de forma voluntaria antes de recibir la notificación del auto que ordena una fiscalización. Corregir la falta después de iniciada la auditoría limita la reducción de la sanción a un porcentaje menor (30%).

La Dirección General de Aduanas (DGA) determinó impuestos (DAI e IVA) y una multa a un importador de llantas usadas, argumentando que se utilizó un criterio de origen incorrecto en el Certificado de Origen del CAFTA-DR. El Tribunal de Apelaciones (TAIIA) revocó la decisión de la DGA, estableciendo que la autoridad aduanera se extralimitó en sus funciones al cuestionar el origen de la mercancía mediante una simple verificación a posteriori, en lugar de seguir el procedimiento formal de 'verificación de origen' estipulado en el tratado.

Lección: Para cuestionar el origen de una mercancía y denegar un trato arancelario preferencial bajo un tratado de libre comercio, la autoridad aduanera no puede basarse en meras interpretaciones formales o hallazgos de una auditoría posterior. Es indispensable que inicie y complete un procedimiento formal de 'verificación de origen', que es el mecanismo legalmente establecido para determinar con certeza si un producto califica como originario.

El Tribunal confirma la determinación de Impuesto sobre la Renta por ganancia de capital a una contribuyente que vendió un inmueble, así como las multas correspondientes. La defensa de la contribuyente, basada en que la venta estaba exenta por ser su 'primera casa de habitación', fue desestimada al comprobar la DGII que ya había adquirido otro inmueble años antes. El Tribunal también rechazó las pruebas presentadas por la contribuyente por ser inadmisibles o insuficientes para probar su residencia o justificar deducciones.

Lección: Para aplicar la exención de ganancia de capital por la venta de la 'primera casa de habitación', es indispensable no tener registros de propiedad de otros inmuebles adquiridos previamente. Adicionalmente, es crucial conservar toda la documentación de soporte (facturas, comprobantes de pago) de cualquier mejora o gasto que se pretenda deducir, ya que la carga de la prueba recae enteramente en el contribuyente y los valúos o declaraciones sin respaldo son insuficientes.

El contribuyente apeló una decisión de la Autoridad Aduanera que reclasificó una resina alcídica importada, resultando en impuestos adicionales y multas, bajo el argumento de que el aceite de soya en su composición era 'secante'. El Tribunal modificó la resolución, revocando los impuestos y la multa tributaria porque la autoridad no probó la naturaleza del aceite, violando el principio de verdad material y careciendo de motivación. Sin embargo, confirmó una multa administrativa menor por una discrepancia en el peso declarado.

Lección: La autoridad aduanera no puede reclasificar mercancías basándose en presunciones derivadas de notas explicativas de otras partidas arancelarias. Tiene la obligación (carga de la prueba) de realizar una investigación técnica exhaustiva para demostrar las características del producto que justifican la reclasificación, especialmente cuando existen precedentes. La falta de una motivación adecuada y el incumplimiento del principio de verdad material pueden invalidar el acto administrativo.