El Tribunal de Apelaciones modifica una resolución de la DGII contra un profesional por el ejercicio fiscal 2014. El Tribunal acepta la deducción de costos de materiales que la DGII había rechazado por no estar en registros especiales, pero confirma el rechazo de costos de mano de obra por no haberse pagado las retenciones de ley (AFP/ISSS). Como resultado, se recalcula a la baja el impuesto sobre la renta y las multas asociadas, pero se confirman las multas por otros incumplimientos formales.

Lección: Para asegurar la deducibilidad de los costos de salarios, es absolutamente crucial no solo documentar el pago al empleado, sino también cumplir con la obligación de retener y enterar las cotizaciones de seguridad social (ISSS) y pensiones (AFP). El incumplimiento de esta obligación sustantiva invalida el derecho a la deducción del gasto, incluso si el pago al trabajador fue real y necesario para la actividad económica.

El contribuyente apeló la objeción de la DGII a costos y gastos para el Impuesto sobre la Renta. El Tribunal confirmó la mayoría de las objeciones por falta de documentación adecuada, gastos no necesarios y omisión de retenciones, pero modificó la resolución al determinar que la falta de un registro de inventarios no justifica legalmente el rechazo total del costo de venta, violando el principio de legalidad.

Lección: Para asegurar la deducibilidad de costos y gastos, es fundamental que estén respaldados por documentos legales emitidos a nombre del contribuyente, que sean estrictamente necesarios para la actividad económica y que se cumpla con todas las obligaciones accesorias, como la retención de impuestos. El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos puede resultar en la pérdida de la deducción.

Un contribuyente usuario de Zona Franca omitió el pago de la Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana (LECEGC) al excluir de la base de cálculo sus rentas exentas de Impuesto sobre la Renta. El contribuyente argumentó que la DGII no podía definir 'ganancia neta' en una Guía de Orientación. El Tribunal de Apelaciones confirma la determinación de la DGII, basándose en una sentencia de la Sala de lo Constitucional que valida el uso de la Guía y establece que la 'ganancia neta' es la financiera, la cual incluye las rentas exentas para ISR.

Lección: Las exenciones fiscales de un impuesto (como el Impuesto sobre la Renta para Zonas Francas) no se extienden automáticamente a otras contribuciones especiales. Los contribuyentes deben calcular cada tributo según su ley específica y las guías de orientación emitidas por la autoridad tributaria, ya que estas pueden definir conceptos clave como 'ganancia neta' de manera diferente a otras leyes y su validez puede ser confirmada por los tribunales.

El Tribunal confirma la determinación de la DGII contra un contribuyente usuario de Zona Franca por omitir el pago de la Contribución Especial a los Grandes Contribuyentes (LECEGC) sobre sus ganancias exentas de Impuesto sobre la Renta. El contribuyente argumentó que dichas ganancias no debían incluirse, pero el Tribunal, basándose en una sentencia de la Sala de lo Constitucional, estableció que la base del tributo es la 'ganancia neta financiera' (que sí incluye rentas exentas de ISR) y no la 'renta neta fiscal'.

Lección: Las exenciones aplicables al Impuesto sobre la Renta no se extienden automáticamente a otras contribuciones especiales. Para la Contribución Especial a los Grandes Contribuyentes (LECEGC), la base de cálculo es la ganancia neta financiera, por lo que se deben incluir todas las utilidades, incluso aquellas que estén exentas o no sujetas a ISR. Es crucial no asumir que las reglas de un impuesto se aplican a otro y consultar las guías de orientación emitidas por la autoridad tributaria, ya que los tribunales les han otorgado validez para complementar la ley.

El contribuyente importó partes de ventiladores que la Dirección General de Aduanas (DGA) reclasificó como ventiladores incompletos, determinando impuestos adicionales y una multa. El contribuyente aceptó los cargos para dos declaraciones y solicitó una reducción del 50% de la multa, la cual fue concedida, pero posteriormente apeló la decisión. El Tribunal confirmó la resolución de la DGA, argumentando que la aceptación de los cargos constituyó un 'acto consentido expresamente', lo que impide una impugnación posterior sobre el mismo asunto.

Lección: Un contribuyente no debe aceptar formalmente los cargos ante la administración tributaria para obtener un beneficio, como la reducción de una multa, si tiene la intención de apelar el fondo del asunto. Dicha aceptación se considera un 'acto consentido' que convalida la actuación de la autoridad y cierra la puerta a una posterior impugnación, ya que se estaría actuando en contra de los propios actos, afectando la seguridad jurídica.