El Tribunal de Apelaciones confirma la resolución de la DGII contra una entidad bancaria por el Impuesto sobre la Renta del ejercicio 2020. Se ratificó la determinación de ingresos no declarados por ajustes indebidos en la cartera de créditos y el rechazo de múltiples deducciones (reservas de saneamiento, gastos operativos, depreciaciones, reserva legal) por falta de documentación de respaldo idónea, inconsistencias en la información y aplicación incorrecta de la normativa. El Tribunal también desestimó el argumento de caducidad y la nueva prueba presentada en apelación por no cumplir los requisitos legales.

Lección: Es fundamental que los contribuyentes, especialmente las entidades reguladas, mantengan un sistema de documentación robusto, consistente y completo que respalde cada una de sus operaciones y registros contables. La falta de presentación de pruebas idóneas y suficientes durante la fiscalización y la fase de audiencia no puede subsanarse en la etapa de apelación sin una justificación válida de impedimento, lo que conlleva a la confirmación de los ajustes y sanciones por parte de las autoridades tributarias.

Un importador solicitó beneficios arancelarios del CAFTA-DR para ropa usada, basándose en un certificado de origen del exportador. La Aduana negó el beneficio y multó, argumentando que la mercancía no cumplía las reglas de origen. El Tribunal confirmó la determinación de impuestos pero revocó la multa, al considerar que el importador actuó de buena fe y sin culpabilidad, ya que la responsabilidad del certificado erróneo recaía en el exportador.

Lección: La confianza en un Certificado de Origen emitido por un tercero no exime del pago de impuestos si la mercancía no cumple las reglas de origen. Sin embargo, actuar de buena fe basado en dicho certificado puede ser un argumento válido para anular la multa por falta de culpabilidad, trasladando la responsabilidad de la certificación incorrecta al emisor (exportador).

Un contribuyente importó ropa y zapatos usados desde Estados Unidos, solicitando beneficios arancelarios del CAFTA-DR con base en un certificado de origen del exportador. La Dirección General de Aduanas (DGA) negó el beneficio y aplicó una multa, argumentando que la mercancía no cumplía las reglas de origen. El Tribunal de Apelaciones (TAIIA) confirmó la determinación de impuestos (DAI e IVA), ya que el cambio de clasificación arancelaria se debió al uso y no a una transformación productiva, pero revocó la multa al considerar que el contribuyente actuó de buena fe y sin culpabilidad, confiando en el documento emitido por su proveedor.

Lección: El importador es responsable de verificar que las mercancías cumplen con las reglas de origen de un tratado de libre comercio, incluso si posee un Certificado de Origen emitido por el exportador. La simple reclasificación de un bien por su uso no constituye una 'transformación sustancial' que califique para beneficios arancelarios. Sin embargo, actuar de buena fe amparado en dicho certificado puede eximir al importador de la sanción por multa, al no poderse acreditar su culpabilidad (dolo o culpa), aunque no lo exime del pago de los impuestos correspondientes.

Un banco apeló una determinación de Impuesto sobre la Renta en la que la DGII objetó la deducción de pérdidas en títulos valores, gastos por fraudes y diversos gastos administrativos por considerarlos no necesarios, además de recalcular la proporcionalidad de gastos comunes. El Tribunal modificó la resolución, confirmando la mayoría de las objeciones de la DGII pero ajustando el cálculo de la proporcionalidad y revocando una objeción menor por falta de documentación, lo que resultó en una reducción del impuesto y la multa por evasión no intencional.

Lección: Para que un costo o gasto sea deducible, no basta con que esté relacionado con la actividad económica; debe ser estrictamente necesario e indispensable para generar la renta gravable o conservar su fuente. Las pérdidas derivadas de riesgos inherentes al negocio, como fraudes o fluctuaciones de mercado en inversiones, no son consideradas gastos necesarios y su deducción está prohibida o sujeta a reglas especiales que deben cumplirse rigurosamente.

El Tribunal de Apelaciones modifica una resolución de la DGII contra un contribuyente por Impuesto sobre la Renta. Se reduce el monto del impuesto determinado por incremento patrimonial no justificado al encontrar depósitos duplicados, pero se confirman los ajustes por sueldos no declarados y costos no deducibles. Crucialmente, el Tribunal revoca la multa por evasión intencional al considerar que no puede basarse en una presunción sobre otra presunción, aunque confirma la multa por no llevar correctamente los registros de inventario.

Lección: Es fundamental mantener una documentación exhaustiva y registros contables precisos que justifiquen el origen de todos los depósitos bancarios. La falta de pruebas para desvirtuar la presunción de incremento patrimonial no justificado puede resultar en una determinación de impuestos significativa, ya que la carga de la prueba recae sobre el contribuyente.