El contribuyente importó papel térmico y lo clasificó en una partida arancelaria de papel (Capítulo 48). La Aduana, tras análisis de laboratorio, lo reclasificó como un producto fotográfico (Capítulo 37) debido a su composición plástica y capa termosensible, determinando impuestos omitidos y una multa. El Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión, estableciendo que el término 'fotográfico' en la normativa aduanera incluye la reacción al calor y validando los dictámenes técnicos internos de la Aduana como prueba pericial.

Lección: La correcta clasificación arancelaria de productos técnicos no debe basarse en su nombre comercial o uso común, sino en un análisis de su composición material y en la interpretación técnica de las Notas del Sistema Arancelario. El término 'fotográfico' tiene un alcance legal más amplio que el uso cotidiano, incluyendo la sensibilidad al calor, por lo que es crucial consultar las definiciones y notas explicativas para evitar costosas reclasificaciones y sanciones.

El Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución de la DGII que objetó más de $29 millones en costos de venta a una empresa de reciclaje, debido a que los 'Documentos de Compra a Sujetos Excluidos' que los respaldaban no cumplían con los requisitos formales del artículo 119 del Código Tributario. La empresa emitía los documentos ella misma y no obtenía la firma de los vendedores, lo que invalidó las deducciones. Como resultado, se confirmó el impuesto sobre la renta determinado por más de $7.1 millones y una multa por evasión no intencional de $1.7 millones.

Lección: Para asegurar la deducibilidad de costos por compras a 'sujetos excluidos' (no contribuyentes de IVA), es indispensable que el comprador exija al vendedor la emisión de un documento que cumpla estrictamente con todos los requisitos del artículo 119 del Código Tributario, prestando especial atención a que sea emitido y firmado por el vendedor. La responsabilidad de verificar la idoneidad del documento recae en quien pretende utilizarlo para una deducción fiscal.

El contribuyente interpuso un recurso de apelación contra una resolución de la DGII que le determinó Impuesto sobre la Renta y una multa. El Tribunal de Apelaciones (TAIIA) verificó que la notificación de dicha resolución se realizó el 15 de abril de 2016, por lo que el plazo de 15 días hábiles para apelar venció el 6 de mayo de 2016. Al haberse presentado el recurso hasta el 13 de mayo de 2016, el Tribunal lo declaró inadmisible por extemporáneo, sin entrar a conocer el fondo de la controversia.

Lección: Es fundamental realizar un cómputo riguroso de los plazos legales para la interposición de recursos. El plazo de 15 días hábiles para apelar ante el TAIIA es perentorio, y su vencimiento sin haber presentado el recurso provoca la firmeza del acto administrativo y la pérdida de la oportunidad de defensa en esa instancia.

El Tribunal confirma la resolución de la DGII que objeta la deducción de gastos por depreciación de teléfonos celulares por $1,095,941.66, debido a que el contribuyente no demostró que dicho gasto estuviera registrado en su contabilidad formal, un requisito indispensable según la Ley de Impuesto sobre la Renta. Adicionalmente, el Tribunal consideró que los contratos con los clientes a menudo constituían ventas y no comodatos, por lo que la empresa ya no era propietaria de los activos y no podía depreciarlos, confirmando el impuesto de $273,985.41 y la multa de $68,496.35.

Lección: Para asegurar la deducibilidad de un gasto, es imperativo cumplir con todos los requisitos formales y sustantivos de la ley tributaria, especialmente el registro adecuado en la contabilidad formal. Confiar únicamente en controles extracontables o en la aplicación de normas financieras (NIIF/NIC) sin garantizar el cumplimiento de la normativa fiscal específica, como la propiedad del bien y su correcto registro, puede llevar al rechazo de deducciones y a la imposición de impuestos y multas.

El Tribunal de Apelaciones confirma la resolución de la Dirección General de Aduanas que declaró como no originarias unas láminas de acero importadas de Guatemala. La decisión se basó en que el exportador no proporcionó la documentación contable necesaria para probar la trazabilidad y el cumplimiento de la regla de origen, y además, las certificaciones de origen (FAUCA) contenían errores sustanciales en el criterio de origen y la clasificación arancelaria.

Lección: El exportador que certifica el origen de sus mercancías tiene la obligación fundamental de mantener registros contables y de producción completos y precisos que demuestren la trazabilidad y el cumplimiento de las reglas de origen. La falta de esta documentación para responder a una verificación de la aduana del país importador resultará en la pérdida de los beneficios arancelarios, ya que la carga de la prueba recae sobre quien certifica el origen.