El contribuyente importó un producto lácteo ('NIDO PROTECCION PREBIO 1+') clasificándolo en una fracción arancelaria (1901.10.19) que asume la 'sustitución' de componentes. La Dirección General de Aduanas, tras un análisis técnico, determinó que el producto sufría una 'adición' de grasa vegetal y no una sustitución, reclasificándolo a la fracción 1901.10.90. El Tribunal de Apelaciones confirma la decisión de la aduana, validando la diferencia técnica entre adición y sustitución y ratificando el ajuste de impuestos y las multas correspondientes.

Lección: La correcta clasificación arancelaria de productos alimenticios modificados depende de una precisa interpretación técnica de sus procesos de elaboración. Es crucial diferenciar entre 'adición' y 'sustitución' de componentes, ya que esto define la fracción arancelaria aplicable. Para evitar ajustes y sanciones, la clasificación declarada debe estar sólidamente respaldada por análisis técnicos que demuestren la naturaleza del producto, especialmente cuando se alega un proceso de sustitución que otorga un tratamiento arancelario diferente.

El contribuyente importó un producto lácteo en polvo ('Svelty Figura 0% Sin Grasa') clasificándolo como una preparación alimenticia (partida 19.01) debido a que contenía carragenina. La Dirección General de Aduanas, tras un análisis de laboratorio, lo reclasificó como leche en polvo (partida 04.02), argumentando que la carragenina es un estabilizante permitido. El Tribunal de Apelaciones confirmó la reclasificación, el cobro de impuestos omitidos (DAI e IVA) y la multa, estableciendo que la función del aditivo es clave para la clasificación.

Lección: La clasificación arancelaria de productos alimenticios no debe basarse solo en la lista de ingredientes, sino en la función técnica de cada aditivo según las Notas Explicativas del Sistema Armonizado. La presencia de un aditivo permitido como estabilizante o emulsificante en un producto lácteo no lo convierte automáticamente en una 'preparación alimenticia' de otro capítulo, por lo que es crucial un análisis técnico-normativo para evitar ajustes fiscales y sanciones.

Un contribuyente importó mercancía bajo el régimen de admisión temporal, la cual fue robada después del despacho aduanero. La Dirección General de Aduanas (DGA) denegó la solicitud de exención de impuestos por fuerza mayor. El Tribunal de Apelaciones (TAIIA) revocó la resolución de la DGA, no por el fondo del asunto, sino por una violación al derecho de defensa, ya que la DGA no notificó al contribuyente el informe de auditoría en el que basó su decisión, impidiéndole controvertir los hallazgos.

Lección: La administración tributaria debe notificar al contribuyente los informes de auditoría o fiscalización y otorgarle un plazo para que presente sus alegatos y pruebas de descargo antes de emitir una resolución definitiva. Omitir este paso constituye una violación al derecho de defensa y al debido proceso, lo que puede invalidar todo el procedimiento y la resolución resultante.

Un contribuyente apeló ante el TAIIA una resolución de la Dirección General de Aduanas. Dicha resolución, en lugar de confirmar o revocar una liquidación de impuestos, se declaró incompetente al detectar una posible infracción penal y remitió el caso a la Fiscalía General de la República. El Tribunal declaró improponible el recurso, argumentando que no tiene competencia sobre actos que trasladan un asunto a la esfera penal, ya que no constituyen una resolución definitiva sobre tributos o sanciones.

Lección: Si la autoridad aduanera determina que existe una posible infracción penal y remite el caso a la Fiscalía, la vía de apelación administrativa ante el TAIIA se cierra. La defensa del contribuyente debe enfocarse en el proceso penal iniciado por la Fiscalía, ya que el tribunal administrativo se declarará incompetente para revisar la decisión de la aduana.

El TAIIA revisó una determinación de Impuesto sobre la Renta contra una constructora que operaba en un consorcio. El Tribunal confirmó la recalificación de una 'promesa de venta' a 'arrendamiento' y la atribución del 100% de ingresos por servicios facturados individualmente por el contribuyente. Sin embargo, modificó la resolución al permitir la deducción completa del costo de venta de viviendas, reclasificando una supuesta 'pérdida de capital' como una pérdida operativa deducible, ajustando así el impuesto y la multa por evasión.

Lección: Es crucial que la documentación fiscal (facturas, comprobantes) y los contratos reflejen fielmente la realidad económica y jurídica de las operaciones. En negocios de consorcio o coparticipación, los ingresos y costos deben ser documentados a nombre de la entidad correcta o en la proporción que corresponda a cada partícipe para evitar que la totalidad de la carga tributaria y el rechazo de costos recaiga sobre un solo miembro.