Una sociedad hospitalaria apeló una determinación de Impuesto sobre la Renta en la que la DGII objetó diversos costos y gastos por falta de necesidad, documentación inadecuada y omisión de retenciones de seguridad social. El Tribunal de Apelaciones modificó la resolución, revocando la objeción sobre los bonos por antigüedad al considerarlos ocasionales y no sujetos a retención, pero confirmó las objeciones sobre gastos de 'atenciones' por ser liberalidades y sobre remuneraciones a empleados encubiertas como honorarios sin las retenciones correspondientes.

Lección: Para asegurar la deducibilidad de los gastos, es crucial diferenciar claramente entre liberalidades (no deducibles) y gastos necesarios, documentar cada operación con los comprobantes legales idóneos (no internos) y, fundamentalmente, clasificar correctamente las remuneraciones a empleados, aplicando siempre las retenciones de seguridad social y previsionales, ya que su omisión invalida la deducción del gasto completo.

Una cooperativa de ahorro y crédito apeló la determinación de Impuesto sobre la Renta y una multa impuesta por la DGII, la cual objetó la deducción de diversos gastos (pérdidas en venta de activos, castigos y saneamientos) por falta de base legal y documentación. El Tribunal de Apelaciones modificó la resolución, confirmando la mayoría de las objeciones por falta de prueba documental idónea, pero revocó la objeción sobre 'castigos de activos de intermediación' aplicando un precedente de la Sala de lo Contencioso que equipara a estas cooperativas con entidades reguladas por la SSF, ajustando así el impuesto y la multa a pagar.

Lección: Para que un gasto sea deducible, no basta con que esté justificado por normativas contables o financieras del sector; es indispensable que cumpla estrictamente con los requisitos de la legislación tributaria, especialmente en lo relativo a la documentación de soporte idónea. La falta de prueba documental anula la deducibilidad, incluso si el gasto es conceptualmente válido para la actividad económica.

Una sociedad fue multada con $756.00 por la DGII por no presentar el formulario F-915 (listado de socios). La sociedad apeló ante el TAIIA, pero en lugar de impugnar la legalidad de la multa, solicitó una reducción y un plan de pago. El Tribunal declaró el recurso improponible, argumentando que no tiene competencia para otorgar dichos beneficios, y redirigió la solicitud a la Dirección General de Tesorería, que es la entidad competente.

Lección: Al apelar una sanción ante el TAIIA, el argumento debe centrarse en la legalidad del acto impugnado. Las solicitudes de beneficios como reducciones o planes de pago deben dirigirse a la autoridad administrativa competente, que en el caso de los planes de pago es la Dirección General de Tesorería, no el Tribunal de Apelaciones.

Un contribuyente interpuso un recurso de apelación contra una resolución de la DGII, pero omitió requisitos esenciales como identificar el acto impugnado y fundamentar su reclamo. A pesar de que el Tribunal de Apelaciones le otorgó dos oportunidades para subsanar dichos errores, el contribuyente no lo hizo, lo que resultó en la declaración de inadmisibilidad del recurso por defectos formales insubsanables.

Lección: Al presentar un recurso de apelación, es indispensable cumplir rigurosamente con los requisitos formales exigidos por la ley, especialmente la clara identificación del acto que se impugna y la exposición detallada de los argumentos de hecho y derecho. La omisión de estos elementos, y la posterior inacción ante las prevenciones del tribunal, conducirá a la desestimación del recurso sin analizar el fondo del asunto.

El contribuyente apeló una determinación de Impuesto sobre la Renta para el ejercicio 2019, originada por dos hallazgos principales de la DGII: el rechazo de un ajuste a los ingresos por más de USD 2.1 millones documentado en una Nota de Crédito que no cumplía los requisitos legales, y la no deducibilidad de gastos por más de USD 2.1 millones por servicios con partes relacionadas no domiciliadas, al no poderse probar su existencia efectiva. El Tribunal confirmó la legalidad de los hallazgos de la DGII, pero modificó el monto final del impuesto a pagar debido a la aceptación de una declaración modificatoria que la DGII había procesado por separado.

Lección: Para validar ajustes a ingresos, cada Nota de Crédito debe cumplir estrictamente con los requisitos legales, incluyendo la referencia individual al Comprobante de Crédito Fiscal que modifica. Adicionalmente, para deducir gastos por servicios con partes relacionadas, es indispensable contar con pruebas tangibles y fehacientes que demuestren la materialización, necesidad y beneficio del servicio, más allá de la existencia de un contrato o factura.