La Dirección General de Aduanas (DGA) determinó el cobro de Derechos Arancelarios a la Importación (DAI) e IVA a una empresa que importó 'piezas de hierro' de Guatemala con arancel cero, ya que una verificación previa concluyó que las mercancías no eran originarias de ese país. El Tribunal de Apelaciones (TAIIA) modificó la resolución, revocando una parte del cobro por haber caducado la facultad de la DGA para fiscalizar algunas de las importaciones, pero confirmó el resto del impuesto. El Tribunal desestimó los argumentos del contribuyente sobre el origen de la mercancía, al considerar que la oportunidad para discutirlos ya había precluido.

Lección: El importador debe participar activamente y agotar todas las vías de recurso en el procedimiento de verificación de origen de mercancías. Si una resolución declara la mercancía como no originaria y esta queda firme, ya no será posible discutir el origen en la posterior etapa de fiscalización y cobro de impuestos, debiendo asumir las consecuencias tributarias de dicha declaratoria.

El Tribunal confirma la resolución de la DGII que determina un adeudo de IVA y cuatro multas distintas a una empresa por el ejercicio fiscal 2019. La contribuyente no presentó declaraciones, no reportó ingresos por servicios y no exhibió su contabilidad, argumentando como justificación la pandemia de COVID-19 y problemas personales. El Tribunal rechaza estos argumentos, señalando que las obligaciones eran previas a la pandemia y que las circunstancias personales no eximen a una sociedad de sus deberes legales, validando así la actuación de la DGII.

Lección: Los contribuyentes deben mantener su contabilidad y documentación fiscal al día y en orden, ya que las crisis externas (como una pandemia) o problemas personales no son una excusa legal para incumplir obligaciones tributarias, especialmente las de períodos fiscales pasados. La falta de colaboración y de presentación de información durante una auditoría resultará en que la autoridad fiscal determine los impuestos basándose en información de terceros y aplique las sanciones máximas que la ley permite.

La DGII ajustó el IVA a un contribuyente por vender banano a precios inferiores a los de mercado, para lo cual estimó la base imponible usando precios de otros importadores. El Tribunal de Apelaciones revocó el ajuste de impuesto, determinando que la DGII no aplicó los criterios de comparabilidad exigidos por el artículo 199-D del Código Tributario, vulnerando el principio de legalidad, aunque sí confirmó la multa por presentación tardía de declaraciones.

Lección: Para que la Administración Tributaria pueda ajustar la base imponible de un impuesto basándose en precios de mercado, no basta con promediar los precios de tres competidores. Es un requisito legal indispensable realizar y documentar un análisis de comparabilidad detallado (conforme al Art. 199-D del Código Tributario) que considere y ajuste las diferencias económicas, contractuales y de negocio entre las operaciones, de lo contrario, la determinación del impuesto será declarada ilegal.

Una empresa importó 'piezas de hierro' de Guatemala con beneficio arancelario, pero la DGA determinó que no eran originarias y procedió a cobrar los impuestos omitidos (DAI e IVA). La fiscalización fue interrumpida por un decreto luego declarado inconstitucional. El Tribunal de Apelaciones modifica la resolución, revocando el cobro para las importaciones cuyo plazo de fiscalización de 4 años había caducado, pero lo confirma para el resto, argumentando que el derecho a discutir el origen de la mercancía ya había precluido.

Lección: Es crucial impugnar oportunamente cualquier resolución que afecte el origen de las mercancías importadas, como una 'Resolución de Verificación de Origen', ya que el derecho a discutir este punto precluye y no puede ser alegado posteriormente durante la fiscalización que determina el cobro de impuestos. Además, se debe vigilar el plazo de caducidad de 4 años de la autoridad aduanera, considerando posibles interrupciones y reanudaciones por eventos legales extraordinarios.

Un contribuyente apeló ante el TAIIA la negativa de la DGII a proporcionar certificaciones de declaraciones de renta de terceros, solicitadas vía judicial. El Tribunal declaró el recurso inadmisible por ser presentado 143 días hábiles fuera del plazo legal de 15 días. Adicionalmente, lo declaró improponible por falta de competencia, ya que el TAIIA solo puede conocer sobre liquidaciones de impuestos y sanciones, no sobre negativas de información.

Lección: Es crucial conocer los plazos procesales y la competencia de cada instancia. Los recursos de apelación ante el TAIIA deben interponerse dentro de los 15 días hábiles y solo contra actos de liquidación de impuestos o imposición de sanciones. Impugnar un acto no recurrible o hacerlo fuera de plazo resultará en el rechazo inmediato del recurso.