El contribuyente fue multado por la DGII por no emitir documentos tributarios. Apeló la decisión ante el TAIIA, pero presentó el recurso de apelación diez días después de vencido el plazo legal de quince días hábiles. El Tribunal declaró inadmisible el recurso por extemporáneo, sin analizar el fondo de la sanción, basándose en el carácter perentorio de los plazos procesales.

Lección: Es fundamental conocer y respetar rigurosamente los plazos legales para interponer recursos administrativos. El no hacerlo, aunque sea por un día, resulta en la pérdida del derecho a la revisión del caso, haciendo que la decisión de la administración tributaria quede firme.

Un contribuyente apeló una determinación de impuestos aduaneros y multas, argumentando que el proceso de fiscalización era nulo debido a un error en el nombre de la auditora designada y la intervención de otra persona no autorizada. El Tribunal de Apelaciones desestimó los argumentos, calificando el error en el nombre como un 'error material' no invalidante y la intervención de la supervisora como parte del proceso administrativo interno. En consecuencia, confirmó la resolución de la Dirección General de Aduanas.

Lección: Los errores materiales o formales en los actos administrativos que no causan indefensión ni afectan el derecho de defensa del contribuyente, difícilmente serán causa suficiente para anular un procedimiento de fiscalización. Es crucial que el contribuyente, además de señalar vicios de forma, presente argumentos de fondo sólidos contra las objeciones fiscales, ya que los tribunales tienden a priorizar la verdad material sobre los formalismos no esenciales.

Una contribuyente fue multada por la DGII por llevar registros de inventario deficientes en junio de 2011, calculando la sanción sobre el balance del año 2010. El Tribunal de Apelaciones revocó la multa, estableciendo que la obligación de llevar inventarios es anual, por lo que la base para el cálculo de la sanción debe ser el balance del ejercicio fiscalizado (2011) y no el del año anterior.

Lección: La sanción por no llevar correctamente los registros de control de inventarios se considera una infracción relativa al ejercicio de imposición completo. Por lo tanto, la base para calcular la multa debe ser el balance general del año fiscalizado. Si la Administración Tributaria utiliza el balance del año anterior, la multa puede ser revocada por ser ilegal.

La DGII objetó créditos fiscales de IVA y declaraciones de exportación de servicios de una empresa para el período 2008, argumentando que no se probó la existencia real ('materialización') de las operaciones de financiamiento subyacentes, originadas en 2001. El contribuyente alegó que los contratos eran prueba suficiente y que la obligación de guardar documentos de 2001 había prescrito. El Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión de la DGII, sosteniendo que la carga de la prueba recae en el contribuyente y que debe demostrar la realidad de las operaciones cuyos beneficios fiscales reclama, sin importar la antigüedad de su origen.

Lección: Para deducir créditos fiscales o declarar exportaciones derivadas de operaciones financieras, no basta con presentar contratos y registros contables. Es indispensable conservar y poder presentar pruebas fehacientes de la 'materialización' de la transacción, como estados de cuenta o comprobantes de transferencia bancaria que demuestren el flujo real del dinero, ya que la carga de la prueba para justificar un beneficio fiscal recae siempre en el contribuyente, incluso si la operación original es de años atrás.

El Tribunal confirma la resolución de la DGII que determinó un impuesto de IVA a cargo de un contribuyente. La DGII reclasificó servicios declarados como exportación (tasa 0%) a servicios locales (tasa 13%) porque, aunque el cliente era extranjero, los servicios de instalación se utilizaron en El Salvador. Adicionalmente, se rechazaron créditos fiscales por gastos no indispensables para la actividad económica, como canastas navideñas y bebidas.

Lección: Para que un servicio sea considerado exportación con tasa 0% de IVA, no basta con que el cliente sea extranjero; es crucial demostrar que el servicio se utiliza y consume exclusivamente fuera de El Salvador. Además, todo gasto cuyo crédito fiscal se pretenda deducir debe ser demostrablemente indispensable para la generación de ingresos gravados, y el contribuyente tiene la carga de probarlo con documentación fehaciente.