La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) multó a un contribuyente con $2,016.90 por no llevar registros de control de inventarios. El contribuyente apeló, y el Tribunal de Apelaciones (TAIIA) revocó la multa, no por los argumentos del contribuyente, sino porque determinó que la DGII cometió un error al calcular la sanción, utilizando como base el balance general del año anterior (2010) en lugar del ejercicio fiscalizado (2011), lo cual es contrario a la ley.

Lección: La sanción por omitir el registro de control de inventarios debe calcularse sobre el patrimonio del balance general del ejercicio fiscalizado. Utilizar el balance del año anterior es un error de procedimiento que anula la multa. Es crucial que la Administración Tributaria aplique correctamente la base de cálculo que establece el artículo 243 del Código Tributario para este tipo de infracción.

Un contribuyente declaró como renta no gravada una indemnización por retiro voluntario recibida de su empleador, a pesar de haber sido recontratado casi inmediatamente. La DGII determinó que, al no existir una ruptura real del vínculo laboral, dicho pago constituía una gratificación gravada. El Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión de la DGII, estableciendo que la condición indispensable para la exención de una indemnización es la terminación definitiva de la relación laboral, primando la realidad económica sobre la formalidad de una renuncia y recontratación.

Lección: Las indemnizaciones o bonificaciones por retiro voluntario solo se consideran rentas no gravables si existe una ruptura efectiva y definitiva del vínculo laboral. Si un empleado renuncia, recibe un pago y es recontratado de inmediato o en un corto plazo, la administración tributaria considerará que no hubo una terminación real del empleo y tratará dicho pago como una gratificación sujeta al Impuesto sobre la Renta.

El Tribunal confirma la resolución de la DGII que determinó un impuesto sobre la renta de $2,419.49 y una multa de $1,647.00 a una contribuyente por omitir ingresos en su declaración de 2008. La contribuyente intentó introducir nuevos gastos deducibles durante la apelación, pero el Tribunal los desestimó por ser pruebas impertinentes, ya que no estaban relacionadas con los hallazgos de la auditoría sobre ingresos omitidos.

Lección: Es crucial declarar la totalidad de los ingresos y asegurarse de incluir todos los gastos deducibles, con su debido soporte documental, en la declaración de impuestos original. Durante una fiscalización o apelación, las pruebas presentadas deben ser pertinentes y estar dirigidas a desvirtuar los hallazgos específicos de la autoridad tributaria, no a introducir nuevas deducciones que no fueron reclamadas a tiempo.

El Tribunal confirma una multa de $8,546.18 a un contribuyente por no incluir el NIT/DUI de sus clientes en facturas de consumidor final mayores a $200. Se desestima la solicitud del contribuyente de una mayor reducción de la multa, ya que la corrección del error se realizó durante el proceso de fiscalización y no de forma voluntaria, lo que solo le da derecho a una atenuante del 30% y no del 75%.

Lección: Para obtener la máxima reducción de una multa por incumplimientos formales, la corrección debe ser espontánea y realizarse antes de que la Administración Tributaria notifique el inicio de una auditoría. Subsanar el error una vez iniciado el proceso de fiscalización limita el beneficio a una atenuante significativamente menor.

El Tribunal confirma la resolución de la DGII que determinó un impuesto de IVA a pagar y multas por evasión intencional, omisión de declaraciones y omisión de informes (F-930) a una sociedad. La DGII objetó créditos fiscales por gastos personales de los accionistas (seguros de vehículos y materiales de construcción) y el contribuyente no logró desvirtuar los hallazgos, alegando problemas económicos y mal asesoramiento, argumentos que fueron desestimados.

Lección: Es fundamental presentar siempre las declaraciones de impuestos dentro del plazo legal, incluso si no se cuenta con los fondos para pagar el tributo en ese momento. La omisión de la declaración puede ser calificada como evasión intencional, acarreando multas significativamente más altas. Además, los gastos personales de los socios o directivos nunca deben ser registrados como gastos de la empresa para deducir impuestos, ya que serán rechazados en una fiscalización.