El Tribunal de Apelaciones confirma una determinación de IVA por $182,443.16 contra un contribuyente, debido al rechazo de créditos fiscales por graves incumplimientos formales como la falta de registro en la contabilidad y en los libros de IVA, y la carencia de documentación de soporte. El Tribunal solo modifica la base de cálculo de la multa por evasión intencional aplicando una ley posterior más favorable, pero mantiene el resto de las sanciones y el impuesto determinado, al no poder valorar pruebas presentadas tardíamente en la apelación.

Lección: Es indispensable mantener un registro contable y fiscal meticuloso y al día, incluyendo el registro de todas las compras en los libros de IVA y en la contabilidad formal. La falta de presentación de la documentación de respaldo original durante la auditoría de la DGII es un error crítico que no puede subsanarse en la etapa de apelación, llevando a la pérdida de créditos fiscales y la imposición de cuantiosas multas.

El Tribunal de Apelaciones confirma que las membresías y cuotas mensuales de un club social son una contraprestación por servicios y, por lo tanto, están gravadas con IVA, desestimando el argumento del contribuyente de que eran aportes a una entidad sin fines de lucro. Sin embargo, el Tribunal modifica la sanción por evasión intencional, aplicando retroactivamente una reforma legal más favorable que reduce significativamente la multa al cambiar su base de cálculo.

Lección: Las asociaciones y clubes, incluso siendo entidades sin fines de lucro, deben gravar con IVA las cuotas de membresía y otros pagos que otorgan a sus miembros el derecho a usar sus instalaciones y servicios. Considerar estos pagos como simples aportes al patrimonio es una interpretación incorrecta que puede derivar en ajustes fiscales, multas por evasión y sanciones por no emitir los documentos tributarios adecuados.

El Tribunal confirma las multas impuestas a un contribuyente por dos infracciones: enterar un monto inferior al debido en sus pagos a cuenta de Renta y omitir el registro de control de inventarios. El Tribunal determinó que el pago final del impuesto no subsana la infracción del pago a cuenta, y que la omisión de llevar inventarios es una falta formal sancionable por sí misma, desestimando los argumentos del contribuyente.

Lección: Las obligaciones formales, como realizar correctamente los pagos a cuenta y llevar registros de inventarios, son deberes tributarios independientes y su incumplimiento genera sanciones específicas. El pago final del impuesto anual no exime de responsabilidad por estas faltas, y es crucial cumplir con cada obligación según lo estipula la ley para evitar multas.

La DGII determinó un impuesto Ad-Valorem a una empresa de bebidas gaseosas por $1.55 millones y una multa por $777 mil, argumentando que la empresa calculó mal la base imponible al excluir exportaciones y mermas de la producción total. El Tribunal confirmó el cobro del impuesto, estableciendo que el hecho generador es la producción y la ley no permitía dichas deducciones. Sin embargo, revocó la multa al considerar que un cambio de criterio de la propia DGII generó un 'error excusable' en el contribuyente, eliminando la intencionalidad de la evasión.

Lección: Los elementos del tributo, como la base imponible, se rigen estrictamente por lo que dice la ley. No se pueden realizar deducciones o exclusiones (como exportaciones o mermas) por interpretación o analogía, a menos que la norma lo autorice expresamente. No obstante, si la administración tributaria ha tenido criterios contradictorios sobre un mismo tema, esto puede servir como un sólido argumento de defensa para anular sanciones por evasión intencional, alegando violación a la seguridad jurídica y la existencia de un error excusable.

La Dirección General de Aduanas determinó que mercancías importadas de Guatemala no eran originarias de dicho país, denegando el trato arancelario preferencial. El contribuyente apeló argumentando que se violó su derecho de audiencia y defensa. El Tribunal de Apelaciones le dio la razón al contribuyente, estableciendo que la autoridad debió comunicarle los hallazgos y darle oportunidad de desvirtuarlos antes de emitir la resolución final, por lo que revocó el acto administrativo por vicios en el procedimiento.

Lección: La Administración Pública, incluyendo la aduanera, está obligada a garantizar el derecho constitucional de audiencia y defensa en todos sus procedimientos, incluso si la normativa específica no lo detalla. Esto implica que, antes de emitir una resolución desfavorable, debe informar al administrado sobre los hechos, hallazgos y fundamentos jurídicos en su contra, y concederle un plazo para que presente sus alegatos y pruebas de descargo.