El Tribunal revoca la sanción de suspensión de 90 días impuesta a un transportista aduanero por la Dirección General de Aduanas. La DGA lo sancionó por no seguir el orden de descarga de la mercancía, pero el Tribunal determinó que el transportista fue inducido a error por la propia aduana de entrada, la cual emitió instrucciones de tránsito confusas y contradictorias con los documentos de transporte, lo que excluye la culpabilidad del transportista.

Lección: Un transportista no puede ser sancionado por incumplir las instrucciones de los documentos de transporte si la propia autoridad aduanera emite actos administrativos (como declaraciones de tránsito) que generan confusión o dan instrucciones contradictorias. El error inducido por la Administración es una causa que exime de responsabilidad al administrado.

El Tribunal confirma la resolución de la DGII que determinó un impuesto de IVA a cargo de un contribuyente por $4,823.53. La controversia surgió por el rechazo de créditos fiscales provenientes de facturas emitidas por un proveedor que estaba desinscrito e inactivo en el registro de contribuyentes. El Tribunal validó que la DGII actuó correctamente al usar 'base cierta', basándose en sus propios registros para verificar el estado del proveedor, y aclaró que la anulación de créditos fiscales es motivo suficiente para ajustar el impuesto a pagar.

Lección: Es fundamental que los contribuyentes verifiquen de forma proactiva y periódica que sus proveedores estén debidamente inscritos y activos como contribuyentes de IVA ante la Administración Tributaria antes de registrar una compra y deducir el crédito fiscal. Confiar únicamente en el documento físico (Comprobante de Crédito Fiscal) sin esta verificación expone a la empresa al riesgo de que el crédito sea rechazado, resultando en el pago del impuesto omitido.

La DGII impuso una multa a un contribuyente por no presentar el informe semestral de proveedores y clientes (F-987), basando la obligación en los ingresos del año fiscal anterior (2009). El contribuyente apeló, y el Tribunal de Apelaciones (TAIIA) revocó la sanción. El Tribunal determinó que la obligación de informar nace si se alcanza el umbral de ingresos dentro del mismo semestre a reportar (enero-junio 2010), no en el ejercicio anual previo, por lo que la DGII no logró probar la existencia de la obligación.

Lección: La obligación de presentar el informe semestral de proveedores y clientes (Art. 125 CT) se determina por los ingresos obtenidos durante el semestre específico a reportar. Los contribuyentes deben verificar sus ingresos semestrales para establecer si están obligados, y no basarse en los ingresos totales del año anterior, ya que este criterio fue desestimado por el Tribunal.

La Dirección General de Aduanas determinó el pago de DAI e IVA a un importador de carne de cerdo, al comprobar en una verificación de origen que la mercancía, declarada como hondureña, no cumplía con las reglas para gozar de la exención arancelaria. El Tribunal de Apelaciones confirmó el cobro de los impuestos, pero revocó la multa impuesta al considerar que la responsabilidad de certificar el origen es del exportador y que el importador actuó de buena fe, sin culpabilidad.

Lección: El importador es responsable del pago de los impuestos correctos, incluso si actúa de buena fe basándose en una certificación de origen incorrecta del exportador. Sin embargo, la ausencia de dolo o culpa por parte del importador, al no tener medios para verificar el origen, puede ser un argumento válido para anular las multas asociadas a la infracción, separando la responsabilidad tributaria de la sancionatoria.

Un contribuyente apeló ante el TAIIA una nota de la Dirección General de Aduanas que respondía a su solicitud de destruir mercancías vencidas. El Tribunal declaró el recurso improponible, argumentando que no tiene competencia para conocer apelaciones contra actos que no son resoluciones definitivas que determinen tributos o impongan sanciones, como era el caso de la nota informativa impugnada.

Lección: No toda comunicación de la autoridad aduanera es apelable ante el TAIIA. Es crucial identificar si el acto administrativo es una resolución final que determina tributos o impone sanciones, ya que las respuestas a consultas o instrucciones de procedimiento no son impugnables por esta vía, lo que resulta en la inadmisibilidad del recurso.