El Tribunal confirma la multa impuesta a una fundación por informar extemporáneamente el nombramiento de su auditor fiscal para el ejercicio 2008. Aunque el contribuyente admitió el error y argumentó dificultades económicas y su fin social, solicitando una reducción de la multa bajo el principio de proporcionalidad, el Tribunal determinó que la sanción está claramente definida en la ley y que la Administración Tributaria no tiene facultades para modificarla discrecionalmente, habiendo ya aplicado correctamente la atenuante por subsanación voluntaria.

Lección: Es crucial cumplir estrictamente con los plazos de todas las obligaciones formales tributarias, como la de informar el nombramiento del auditor fiscal. La situación económica del contribuyente o su finalidad social no son argumentos válidos para eximir o reducir una sanción que está tasada por ley, y el Principio de Proporcionalidad no faculta a la administración para crear exenciones o rebajas no contempladas en la normativa.

El Tribunal confirma una multa impuesta a una empresa por no proporcionar información sobre sus operaciones con un tercero, la cual fue requerida por la DGII en el marco de una fiscalización a dicho tercero. La empresa argumentó vicios de procedimiento, como la falta de un auto de designación y notificaciones inválidas, pero el Tribunal desestimó todos los agravios, ratificando que no se requiere auto de designación para requerir información y que las notificaciones en el domicilio fiscal son válidas si siguen el procedimiento legal.

Lección: Es una obligación legal ineludible atender los requerimientos de información de la Administración Tributaria, incluso si se refieren a operaciones con terceros. Ignorar dichos requerimientos conlleva a sanciones significativas, y los argumentos sobre vicios formales como la falta de un 'auto de designación' o la persona que recibe la notificación en el domicilio fiscal, generalmente no prosperan si la DGII sigue los procedimientos básicos de notificación.

Un contribuyente fue sancionado por la DGII con multas por defraudación tributaria, presentación extemporánea de declaraciones de IVA y omisión de informes. El Tribunal de Apelaciones confirmó las multas por incumplimientos formales pero revocó la multa por defraudación, al considerar que la DGII no probó que las omisiones y la falta de entrega de documentos del contribuyente tuvieran la intención de inducir a error al Fisco, elemento esencial para configurar dicha infracción.

Lección: Para que se configure la defraudación tributaria, no basta con demostrar la omisión de ingresos o la existencia de contradicciones en la contabilidad. Es indispensable que la Administración Tributaria pruebe que el contribuyente realizó una maniobra con la intención de engañar e inducir a error al Fisco para legitimar un pago menor de impuestos. La simple falta de colaboración o no presentación de documentos no constituye, por sí misma, una maniobra de defraudación.

La Dirección de Aduanas determinó el pago de impuestos y multas a un importador después de que una verificación posterior concluyera que la 'leche en polvo' importada de Nicaragua no era originaria, invalidando el trato de libre comercio. El Tribunal de Apelaciones confirma el cobro de los impuestos, pero revoca las multas al considerar que el importador actuó de buena fe y sin culpabilidad, ya que la responsabilidad de probar el origen recaía en el exportador.

Lección: Un importador que aplica un beneficio arancelario basándose en un certificado de origen proporcionado por el exportador no es culpable de infracción si dicho certificado es invalidado posteriormente por causas ajenas a su control. Aunque deberá pagar los impuestos adeudados, no se le pueden imponer multas si actuó de buena fe, pues la carga de la prueba del origen y la responsabilidad por la falta de colaboración en una verificación recaen sobre el exportador.

Un contribuyente fue multado por presentar tardíamente sus declaraciones de IVA de enero a julio de 2009. El contribuyente apeló solicitando la exoneración de la multa, argumentando ser de la tercera edad y no tener ingresos. El Tribunal confirma la multa, estableciendo que la obligación de declarar es un deber formal que persiste incluso sin operaciones, y que la falta de capacidad económica no es una causal legal para perdonar la sanción.

Lección: Los contribuyentes inscritos en un impuesto, como el IVA, deben presentar sus declaraciones periódicamente dentro del plazo legal, incluso si estas son 'a cero' (sin movimiento). Si un contribuyente cesa permanentemente su actividad económica, debe solicitar formalmente su desinscripción ante la Administración Tributaria para extinguir esta obligación y evitar futuras multas.