Un auditor fiscal fue sancionado por la DGII con dos multas por incumplir dos obligaciones distintas del Código Tributario: una por deficiencias en su dictamen y otra por no atender un requerimiento de información. El auditor apeló la segunda multa, argumentando que no se le podía sancionar dos veces. El Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución de la DGII, estableciendo que se trataba de dos infracciones separadas y, por lo tanto, ambas sanciones eran legales y procedentes.

Lección: Los auditores fiscales deben ser conscientes de que tienen múltiples obligaciones independientes. El incumplimiento de cada una de ellas constituye una infracción separada que puede ser sancionada de forma individual. Aceptar una sanción por un error no protege contra las consecuencias de otros incumplimientos, especialmente el de no responder a los requerimientos de la Administración Tributaria.

El Tribunal confirma la resolución de la DGII que objeta un crédito fiscal de IVA a una empresa comercializadora de mariscos. La objeción se fundamenta en dos incumplimientos graves por parte del contribuyente: llevar un Registro de Control de Inventarios que no cumple con los requisitos legales de los artículos 142 y 142-A del Código Tributario, y no poder demostrar que los pagos por compras a su proveedor se realizaron mediante medios bancarios a nombre de este, como lo exige el artículo 65-A de la Ley de IVA.

Lección: Para asegurar la deducibilidad del crédito fiscal, es crucial mantener un Registro de Control de Inventarios meticuloso que cumpla estrictamente con todos los requisitos del Código Tributario, permitiendo la individualización y el seguimiento de los productos. Adicionalmente, para compras que superen los 58 salarios mínimos, es indispensable realizar los pagos a través de medios bancarizados (cheque, transferencia, etc.) emitidos directamente a nombre de la sociedad proveedora, ya que los pagos a terceros, incluso si están relacionados con el proveedor, no se consideran prueba válida.

El Tribunal confirma la resolución de la DGII que objeta la deducción de gastos financieros por $7.1 millones a una empresa. La razón principal es que la contribuyente, a pesar de presentar contratos y registros contables, no pudo probar con documentos como transferencias o estados de cuenta que los préstamos, originados en 2001, fueron efectivamente desembolsados en sus cuentas. En consecuencia, se confirma el impuesto determinado de $1.67 millones y la multa por evasión no intencional de $417 mil.

Lección: Para asegurar la deducibilidad de gastos derivados de operaciones pasadas (como intereses de préstamos antiguos), es crucial conservar toda la documentación que demuestre la materialidad de la operación original, especialmente la prueba del movimiento de fondos (cheques, transferencias, estados de cuenta). Un contrato y los registros contables no son suficientes si la Administración Tributaria cuestiona la existencia efectiva de la transacción.

El Tribunal confirma la resolución de la DGII que objeta la deducción de $1,782,489.50 en gastos de administración y logística a una empresa agrícola. La objeción se basa en que el contribuyente no logró demostrar la existencia efectiva (materialización) de la mayoría de los servicios contratados, a pesar de presentar un contrato y un comprobante fiscal. El Tribunal determinó que la prueba aportada era insuficiente y que la falta de individualización de los costos por cada servicio impidió cualquier ajuste, confirmando también la multa por evasión no intencional.

Lección: Para deducir gastos por servicios, especialmente si son integrales o con partes relacionadas, no es suficiente tener un contrato y una factura global. Es crucial mantener documentación de soporte detallada y específica para cada servicio prestado (informes técnicos, bitácoras, entregables, etc.) que demuestre su ejecución real y su necesidad. Además, los costos deben ser individualizados en la documentación fiscal y contable para permitir su verificación.

El Tribunal confirma la resolución de la DGII que determinó un impuesto a pagar de $93,297.92 y una multa de $23,324.08 por evasión no intencional en el Impuesto sobre la Renta del ejercicio 2010. La controversia se centró en el rechazo de costos por $415,179.10 debido a múltiples incumplimientos por parte del contribuyente, como pagos en efectivo por encima del límite legal, falta de registro de notas de crédito, deducción de costos del año anterior y falta de soporte documental.

Lección: Para asegurar la deducibilidad de los costos, no basta con que sean necesarios para la actividad económica; es crucial cumplir con todos los requisitos formales que exige la ley. Esto incluye documentar adecuadamente las operaciones, realizar los pagos de montos significativos (superiores a 25 salarios mínimos) a través de medios bancarizados, y mantener una correcta imputación temporal de los costos en el ejercicio fiscal correspondiente.