El Tribunal confirma una multa impuesta a un contribuyente por nombrar a su auditor fiscal fuera del plazo legal. El contribuyente argumentó que la obligación no le aplicaba por no ser 'comerciante', pero el Tribunal aclaró que la obligación nace al superar el umbral de activos establecido en el Código Tributario, hecho que fue probado con el balance general del propio contribuyente.

Lección: La obligación de nombrar auditor para dictamen fiscal no depende de la calidad de 'comerciante' bajo el Código de Comercio, sino de cumplir los criterios del artículo 131 del Código Tributario, como el monto de activos. Es crucial que los contribuyentes verifiquen anualmente estos umbrales y cumplan con los plazos de nombramiento para evitar sanciones.

El Tribunal de Apelaciones modifica una resolución de la DGII contra una empresa de manejo de desechos. Se revoca la determinación de impuesto por servicios a una municipalidad, al calificarlos como donación no sujeta a IVA. También se revocan la mayoría de las objeciones a créditos fiscales, estableciendo que la documentación presentada (contratos, CCF, registros contables) era suficiente para probar la existencia de las operaciones. Se confirman objeciones menores por gastos no indispensables (vuelos) y una multa por presentación tardía de informes.

Lección: Para asegurar la deducibilidad de los créditos fiscales, es crucial no solo cumplir con los requisitos formales (CCF, contratos), sino también mantener un expediente robusto que demuestre la materialidad y la indispensabilidad de cada operación para el giro del negocio. Además, los acuerdos que impliquen servicios gratuitos deben ser estructurados contractualmente de forma clara e irrevocable como donaciones para evitar ser reclasificados como hechos generadores de IVA.

Un contribuyente interpuso un recurso de apelación contra una resolución de la DGII que le determinó Impuesto sobre la Renta y le impuso multas por evasión no intencional y por no exhibir registros. El Tribunal de Apelaciones (TAIIA) declaró inadmisible el recurso por haber sido presentado de forma extemporánea, varios meses después de vencido el plazo legal de quince días hábiles, dejando firme la resolución de la DGII.

Lección: Es crucial cumplir estrictamente con los plazos procesales para interponer recursos administrativos. El plazo para apelar ante el TAIIA es perentorio y no prorrogable; su incumplimiento resulta en la pérdida total del derecho a que el fondo del caso sea revisado, sin importar la validez de los argumentos sustantivos.

La Dirección General de Aduanas determinó impuestos (DAI e IVA) y multas a un contribuyente por no incluir en el valor en aduana de sus importaciones los pagos por regalías de marcas, calculados post-importación. El Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación de los impuestos, validando el método de cálculo de la DGA ante la falta de información del contribuyente, pero revocó la multa por infracción tributaria al considerar que la conducta no se ajustaba al tipo penal (principio de tipicidad), ya que el dato de la regalía no existía al momento de la importación original.

Lección: Las empresas que pagan regalías o cánones por el uso de marcas sobre productos importados deben implementar un sistema de control para cuantificar dichos pagos y presentar proactivamente declaraciones complementarias para ajustar el valor en aduana y pagar los impuestos correspondientes. La falta de registros que permitan la trazabilidad de cada producto hasta su venta puede resultar en que la autoridad fiscal utilice métodos de estimación (prorrateo) para calcular los impuestos omitidos.

Una sociedad interpuso un recurso de apelación contra una nota de la Dirección General de Aduanas que le informaba sobre mercancías caídas en abandono. El Tribunal de Apelaciones declaró improponible el recurso al considerar que la nota era meramente informativa y no constituía un acto administrativo que causara un agravio real y efectivo en la esfera jurídica de la empresa, requisito indispensable para la procedencia de la apelación.

Lección: No se debe interponer un recurso de apelación contra comunicaciones o notas informativas que no ordenen un pago, impongan una sanción o afecten directamente un derecho. Para que un recurso sea admisible, es necesario que el acto administrativo impugnado cause un perjuicio material y jurídico, directo y actual.